El nuevo sistema de supervisión financiera necesita el visto bueno de toda la UE

La recapitalización directa permitirá a España trasvasar de la contabilidad nacional a la del fondo de rescate la factura de la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros ofrecida por la zona euro. Pero el cambio no será inmediato porque antes deben darse pasos muy complicados que podrían demorarse durante meses o años.

El más complicado será el de establecer un mecanismo de supervisión financiera "único y efectivo", como exige la Declaración pactada por la zona euro el pasado viernes. La vía más rápida, apuntada en la propia Declaración, es el artículo 127 del Tratado de Lisboa, que permite conferir al Banco Central Europeo ciertas tareas de supervisión mediante un Reglamento aprobado por unanimidad sin necesidad del visto bueno del Parlamento Europeo (que solo sería consultado).

Pero esa vía tiene el inconveniente de que requiere el beneplácito de los 27 socios de la UE y no solo de los 17 de la zona euro. Si en el seno de la Unión Monetaria se prevé tortuoso el logro de la unanimidad (varios socios, con Alemania entre ellos, discrepan sobre el alcance de la nueva autoridad), cabe prever mayores dificultades aún en el resto del club europeo.

Polonia y República checa ya expresaron la semana pasada sus reticencias a una integración del sistema de supervisión financiera. Los dos países temen perder definitivamente el control sobre su sector financiero, que ya está dominado en un 90% por entidades del resto de Europa.

Reino Unido se apunta como otro posible obstáculo, aunque el primer ministro David Cameron ha apoyado claramente los últimos acuerdos de la zona euro. La negociación con Londres, sin embargo, se prevé difícil tanto por la importancia de su sector financiero, dependiente del euro, como por la presencia en la capital británica de una Autoridad Bancaria Europea (ABE) que parece condenada a ceder casi todo su poder al BCE en Fráncfort.

Las negociaciones se pondrán en marcha a la vuelta del verano y arrancarán con una proyecto de Reglamento que debe aprobar la Comisión Europea. A partir de ahí, el calendario se vuelve incierto. El acuerdo alcanzado el viernes se limita a precisar que la propuesta de la CE se estudiará antes de finales. Pero significativamente no marca una fecha de conclusión. La Comisión Europea augura que el cambio podría estar concluido antes del próximo 1 de enero. La canciller alemana, Angela Merkel, calculó que se tardará al menos un año. Y otras capitales europeas hablan de años.

Dos pasos previos

Al mismo resultará imprescindible avanzar dar otros dos passs. El primero, la entrada en vigor del fondo de rescate permanente (MEDE o Mecanismo europeo de estabilidad), para lo que hace falta que un número de socios equivalente al 90% de su capital ratifiquen el Tratado que lo regula. El objetivo es que se alcance ese umbral durante este mes de julio, pero podría haber algún retraso. Además, la financiación del MEDE se hará por tramos (durante este año, dos entregas de hasta 32.000 millones de euros) por lo que su capacidad de intervención no será completa hasta 2014.

Y tras su entrada en vigor, deberá procederse a la reforma del MEDE, que en su versión actual no permite la recapitalización directa. La vía más rápida sería a través del artículo 19 de su Tratado, que permite dotar al fondo de nuevos instrumentos de intervención. Pero se requiere para ello la unanimidad de los 17 socios del euro, algunos de los cuales (como Alemania) necesitarían consultar a sus respectivos parlamentos. Además, existe un debate en el seno de los servicios jurídicos de la UE sobre la posibilidad de adoptar el nuevo instrumento sin reformar por completo el Tratado del MEDE.

Victoria de España

La cumbre de la zona euro improvisada en la madrugada del 28 al 29 de junio (estaba prevista para mediodía de la segunda jornada) deparó un trascendental acuerdo para que el fondo de rescate permanente (MEDE o Mecanismo europeo de estabilidad) pueda inyectar capital en una entidad financiera sin lastrar las cuentas públicas de su país de origen.

El acuerdo respondía a una insistente petición cursada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que había logrado el apoyo de buena parte de los socios europeos, de las instituciones comunitarias (BCE y CE) e, incluso, del G-20 durante su última reunión en Los Cabos (México). Faltaba solo el visto bueno de Alemania, Holanda y Finlandia, los tres países más reacios a cualquier solución de la crisis que implique compartir los gastos.