Las rurales asociadas (entre las que están las grandes del sector: Cajamar, Ruralcaja, Globalcaja...) compraron una ficha bancaria en desuso (Caja Escolar de Fomento) a través de la que poder realizar negocio bancario: captar depósitos y conceder créditos.
Sin embargo, en lugar de hacerlo directamente, crearon una sociedad limitada unipersonal, Red Novanca, que fucionaría como agente comercializador. Esta pirueta jurídica les permitió contratar al personal (alrededor de 50 personas) al margen del convenio sectorial de cooperativas de crédito y cajas rurales. Así podían ofrecer unos sueldos muy inferiores a los que se pagaba entonces a los empleados de sucursales bancarias.
Los directivos, en cambio, sí que trabajaban (y trabajan) para la matriz, rebautizada como Caja de Crédito Cooperativo, que está asociada a la patronal de cooperativas de crédito y es supervisada por el Banco de España.
El proyecto contemplaba la apertura de una oficina al mes durante tres años, hasta llegar a 36 sucursales. Su zona de expansión estaba localizada en los grandes municipios del sur de Madrid (Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón...).
En problema fue que, nada más iniciar su andadura, estalló una crisis financiera y económica cuyo final aún no se llega a atisbar. "Tuvimos que revisar nuestro plan de aperturas y dejarlo en la mitad", explica un portavoz de la entidad. En cuanto al calendario de entrada en beneficios, prevista inicialmente para 2010, también tuvo que revisarse. Ese ejercicio, Caja de Crédito Cooperativo perdió 3,3 millones de euros. El año siguiente perdió 3,1 millones y para 2012 se espera que los números rojos ronden los dos millones de euros.
A día de hoy, los directivos de la entidad no esperan que el proyecto entre en beneficios hasta, al menos, finales de 2014.
Despidos laborales bajo sospecha
Novanca añade a la mala evolución de su negocio un turbio incidente de despidos de tres empleados que pertenecían al comité de empresa. Según denuncia Comisiones Obreras -el sindicato al que estaban afiliados-, la empresa maniobró para que la asamblea de trabajadores revocara al comité (que llevaba elegido menos de un año) y, cuando lo consiguió, despidió a las tres personas del comité vinculadas a CC OO. Fuentes oficiales de Novanca alegan que esos despidos se produjeron por la comisión de dos faltas muy graves: "ausencia injustificada de sus puestos de trabajo e insubordinación".
