La carrera ha comenzado. La absorción de Caja3 por parte de Ibercaja ha dado el pistoletazo de salida a la reordenación que promueve la reforma del sistema financiero aprobada por el Gobierno. Novagalicia Banco, controlado al 90% por el Estado, mantiene su intención de buscar inversores externos que le permitan sobrevivir en solitario. Aunque tiene plazo hasta octubre para lograrlo, la mayoría de las quinielas del sector señalan, sin embargo, a la fusión de cajas gallegas como potencial objeto de compra por parte de alguna entidad más fuerte. Sea cual su destino, uno u otro, la dirección de Novagalicia ha diseñado un fuerte ajuste de su red periférica para hacer más atractiva la entidad a ojo de inversores o compradores.
La apuesta de la entidad pasa por mantenerse fuerte en su área natural de influencia, identificada en las cuatro provincias gallegas, Asturias y León, donde abarca un 42% de la cuota de mercado. Por contra, reducirá el peso de su red en el resto del país, donde apenas domina el 2% del negocio bancario y el 60% de las operaciones se realizan por canales alternativos a las oficinas tradicionales, según datos de la propia entidad. La diferenciación es tal que el banco ha comenzado a operar fuera de su área principal bajo una nueva marca, EVO Bank, que replicará el modelo de ING Direct.
De momento, la entidad solo ha detallado a su plantilla la ubicación de 110 de las 150 oficinas que prevé cerrar en los próximos meses, hasta reducir el número total de centros a 857 en todo el país. Lo que parece definitivo es que las 615 de Galicia, las 15 de Asturias y las 48 de León seguirán abiertas. Fuera de esta zona eliminará un 45% de su red.
Fuentes sindicales apuntan que el ajuste cuantitativo más fuerte tendrá lugar en Madrid, que con 75 oficinas supone el mayor enclave de la entidad fuera de Galicia. El banco eliminará 16 oficinas de la provincia. Le sigue Barcelona, con 46 sucursales que pasarán a ser solo 32. En Cataluña, no obstante, el ajuste proporcional va más allá. Aunque Novagalicia mantendrá sus tres sedes en Gerona, recortará su presencia en Tarragona en un 60% (se queda en dos oficinas), y clausurará una de sus dos sucursales en Lérida. Tamaño ajuste le ha valido a la entidad la acusación de que está "abandonando Cataluña", según ha denunciado la sección regional de CC OO, y aumenta los rumores de una posible venta de Novagalicia a CaixaBank.
No es la única pareja de baile que se le ha asignado en los mentideros del sector. La entidad, no obstante, defiende que la reducción de oficinas responde a una estrategia para mejorar la estructura de costes y garantizar la viabilidad del banco en solitario. La reforma financiera obliga a este a elevar sus provisiones inmobiliarias en 1.600 millones y su capital en 740 millones. Unos 2.340 millones que aspira a cubrir este año mediante la generación de resultados y la captación de capital privado de aquí a septiembre.
Una carrera para la que parece que no aportan nada Teruel y Soria, donde la entidad echa el cierre. Baleares parece ser otra provincia sobredimensionada. El adelgazamiento porcentual de sucursales del banco es del 83%, pasando de 12 a 2 oficinas en las islas. Andalucía es otro gran foco de ajuste, con reducciones de oficinas que van del 33% de Almería al 66% en Huelva, pasando de 47 a 21 entidades en la comunidad.
Recorte de empleo y de salarios
En paralelo al cierre de 150 oficinas, Novagalicia Banco tiene previsto prescindir de 700 empleados, con el objetivo de "consolidar un ahorro anual de unos 50 millones de euros en la masa salarial", refieren fuentes sindicales. Al contrario de lo que sucede con el programa de ajuste de oficinas, la reducción de número de puestos de trabajo sí que afectará al núcleo duro del banco. La intención del banco es prescindir de 450 empleados de su red periférica, asociados directamente a las sucursales que se amorticen. Los 250 restantes, sin embargo, saldrían de Galicia, Asturias y León, fundamentalmente de los servicios centrales de la entidad, donde se da el mayor solapamiento entre la dos cajas que generaron la fusión.
La entidad ha abierto una negociación con los representantes sindicales, quienes temen que la reciente reforma laboral recrudezca las condiciones de salida de estos 700 trabajadores. La mesa también aborda un recorte salarial de entre el 4% y el 20% que el banco pretende aplicar de forma progresiva a su plantilla. Las centrales se niegan.
