La misión de los supervisores colisiona en las preferentes
Conseguir capital es una misión casi imposible en tiempos tan revueltos como el actual, los inversores institucionales examinan con lupa cualquier propuesta. Después de la quiebra de Lehman Brothers y del escándalo Madoff, no están dispuestos a asumir los riesgos que antes aceptaban de buen grado. Pero en España, bancos y cajas han conjugado dos elementos que, unidos, les abren las puertas de la solvencia a un coste razonable: las participaciones preferentes y sus extensas redes de oficinas.
En los últimos meses se han puesto de moda, pero las preferentes no son nada nuevo. Entidades financieras (y también empresas) las han emitido desde finales de los años 90 para reforzar sus ratios de solvencia. La novedad es que ahora bancos y cajas no las destinan a los institucionales, como hacían antes, sino que, aprovechando su poderosa red comercial, se las venden a los clientes minoritarios. En muchas ocasiones, como si fueran un producto seguro al 100%, similar a un depósito -cuando no es cierto- y, a veces, sin ni siquiera tener el folleto aprobado por la CNMV.
De las últimas 12 emisiones, sólo la de Caja Duero ha contado con un tramo reservados a los inversores cualificados. Y precisamente ésta es la de mayor rendimiento, al ofrecer el euríbor a tres meses más un diferencial del 7,75%.
Es obvio que el organismo que preside Julio Segura está preocupado ante la colocación masiva de este producto entre minoritarios. Sin embargo, su objetivo de proteger a los inversores choca de lleno con la misión del Banco de España, que consiste en velar por la estabilidad y la solvencia de las entidades.
El supervisor bancario ve con buenos ojos que bancos y cajas utilicen todas las herramientas a su alcance para recapitalizarse, incluidas las preferentes. Pero hay que recordar que este tipo de deuda tiene numerosos peligros. Primero, su remuneración no está asegurada, depende de que la entidad logre beneficios. Segundo, en caso de quiebra del emisor los titulares de preferentes serían los penúltimos en cobrar, sólo estarían por delante de los accionistas. Tercero, es deuda perpetua: la entidad sólo se guarda el derecho -pero no la obligación- de recomprarlas al quinto año, lo que se penaliza en el mercado secundario. Y cuarto, su liquidez es mínima, de forma que los inversores pueden sufrir serias dificultades a la hora de venderlas; además, en caso de poder hacerlo, probablemente no recuperarían el 100% de la inversión.
De hecho, sacando partido de su baja liquidez, varias entidades han recomprado emisiones -de preferentes y de deuda subordinada- por la mitad del precio al que las colocaron (véase gráfico). Es otro método para mejorar la solvencia, pues la diferencia entre el precio de compra y el de venta computa como beneficios.
Es cierto que las emisiones actuales cuentan con un rendimiento más atractivo y no es previsible que su cotización en el secundario caiga hasta el 40% o el 50% del nominal, como ocurre con muchas de las antiguas. Es más, si el interés es demasiado bajo, la CNMV lo advertirá en el folleto, como ha hecho ya con las preferentes de BBVA y Banesto. Con todo, el riesgo de liquidación por debajo del precio de emisión existe, precisamente por eso computan como recursos propios.
Además, Rabobank, una entidad holandesa con la máxima calificación crediticia, colocó la semana pasada entre inversores institucionales preferentes que ofrecen el 11% hasta junio de 2019, muy por encima de lo que rentan las emisiones entre particulares.