Madrid, País Vasco y Navarra aprovechan el momento y se lanzan a vender deuda

El mercado está receptivo y todo el que puede aprovecha la oportunidad. El Tesoro español ha colocado más de 28.000 millones de euros en deuda en las cuatro subastas celebradas en enero los días 12, 17, 19 y 24, y también en la del pasado 2 de febrero. En todos ellas, logró alcanzar o rebasar con holgura los objetivos previstos. Ha cubierto, de hecho, el 86,2% de los vencimientos correspondientes al primer trimestre.

Las comunidades autónomas mejor situadas no quieren quedarse atrás y están poniendo a prueba el apetito de los inversores. No están efectuando subastas públicas de gran tamaño, como las que realiza el Tesoro, sino colocaciones privadas hechas a medida para un reducido número de inversores institucionales. Pero tiene mérito, dado que una parte de las autonomías se ha visto obligada a recurrir a colocaciones de deuda entre minoristas.

El problema de las colocaciones destinadas a pequeños inversores -una fórmula puesta en marcha por Cataluña en noviembre de 2010- radica en que los costes efectivos suelen ser muy superiores, debido a las elevadas comisiones que han de pagar a los colocadores. Las Islas Baleares acaban de vender 200 millones de euros en bonos a uno y dos años, con una rentabilidad del 5% y del 5,5%, respectivamente, y una inversión mínima de 1.000 euros. A estos tipos de interés hay que añadir un 3% por las comisiones de colocación.

Las colocaciones privadas se han convertido en un instrumento muy utilizado para obtener financiación. "Así lo están haciendo varias agencias gubernamentales (ICO, FADE, FROB) y comunidades autónomas de primer nivel", señala Gerard Vaqué, responsable de Renta Fija del Centro de Inversiones de Deutsche Bank.

Las autonomías pueden utilizar "operaciones de crédito por plazo inferior a un año para atender necesidades de tesorería o por plazo superior al año cuando el importe del crédito sea destinado a realizar gastos de inversión y no exceda del 25% de sus ingresos", según señala la Ley.

Así, la Comunidad de Madrid ha colocado desde finales de enero 155,05 millones de euros en deuda a diferentes plazos, con vencimientos que van desde marzo de 2014 hasta septiembre de 2026. Han sido cuatro operaciones de pequeño tamaño y de un importe máximo de 70,5 millones de euros, según los datos registrados en AIAF, un mercado de renta fija propiedad de BME.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid confirma que las colocaciones "se están realizando a unos tipos razonablemente buenos, dada la situación de todo el mercado" y añade que la tasa interna de rentabilidad (TIR) de su deuda se sitúa en el 5,5%. La Comunidad que preside Esperanza Aguirre cuenta con las mismas calificaciones que el Reino de España. Moody's le otorga una nota de A1, mientras que Standard & Poor's y Fitch le asignan un rating de A. "Las colocaciones se realizarán en función de las condiciones del mercado y de las ventanas de oportunidad que surjan", añaden desde la Comunidad de Madrid.

Mejores notas

País Vasco es otro ejemplo de cómo se puede salir al mercado sin necesidad de recurrir a los pequeños inversores. Un portavoz explica que están utilizando la fórmula de las colocaciones privadas con gran éxito. La última emisión, por 270 millones de euros, se colocó con una demanda cuatro veces superior a la oferta. Los detalles de la operación se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco del próximo 9 de febrero.

Precisamente, País Vasco goza de una calificación por parte de las agencias de rating superior a las de España. Standard & Poor's, por ejemplo, le asigna una nota de AA-, dos escalones superior a la que ostenta el Tesoro. El mismo rating recibe Navarra, que también se encuentra explorando el mercado con el fin de realizar emisiones privadas de deuda entre institucionales. Según han confirmado desde la consejería de Economía, el Gobierno ha autorizado a esta comunidad a realizar algunas operaciones.

En un informe de Standard & Poor's fechado el pasado 31 de enero, la agencia defiende que las notas del País Vasco y de Navarra se sitúen por encima de la del Estado con tres razones fundamentales. Primera, porque cuentan con unas características económicas y financieras únicas dentro de España. Segunda, porque disponen de un marco legal y constitucional especial. Y, tercera, porque disponen de una sólida posición de liquidez, que además gestionan de forma independiente.