A la tercera va la vencida. O esa es la esperanza del Gobierno. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy, vía real decreto, la tercera reforma financiera que lanza el Gobierno de Mariano Rajoy desde que tomara posesión, hace apenas ocho meses. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha manifestado que esta será la reforma "definitiva" del sector bancario, un calificativo que ya se aplicó a su decreto de febrero, destinado a superar las soluciones del Gobierno anterior, y al de mayo, que apretaba las tuercas colocadas en el de febrero. La diferencia sustancial es que esta nueva normativa se crea para plasmar los requerimientos de la troika (Consejo Europeo, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), que ha tomado el timón del saneamiento de la banca española tras ponerse sobre la mesa un rescate de hasta 100.000 millones de euros.
El decreto que se prevé aprobar hoy, del que solo ha trascendido un borrador, es, de hecho, el desarrollo de las condiciones impuestas por Bruselas en el memorando de entendimiento (MoU). Su aprobación, de hecho, se ha retrasado una semana para ultimar los detalles con la troika. El texto es de un detalle exhaustivo y establece un férreo protocolo de control e intervención para las entidades con problemas que, de haber estado vigente, habría dado un vuelco a la gestión de crisis como la de Bankia. En palabras del propio Guindos, "el decreto ley es, sin duda, el mayor avance en muchos años desde el punto de vista de tener un entramado para evitar que se reproduzcan crisis bancarias en España".
El alcance de la normativa, en efecto, no se ciñe a la banca con problemas, sino que afectará al conjunto del sector. Para empezar, y a falta de conocer los detalles definitivos del texto, está previsto que el decreto incremente las exigencias de solvencia, reclamando un 9% de capital a toda la banca para el 1 de enero de 2013, un rango que hasta ahora solo se pedía a las entidades sistémicas.
A partir de ahí, la reforma dota de mayores poderes del Banco de España que podrá adoptar una "intervención temprana", o preventiva, sobre las entidades en las que detecte problemas potenciales. En los bancos que no sean capaces de reconducir su situación, el supervisor podrá relevar a la cúpula directiva y renegociar el pago de deudas con los acreedores. En última instancia, el banco o caja recibiría ayudas por dos años en forma de convertibles.
Si estas medidas no fueran suficientes, el FROB será el encargado de poner en marcha un proceso de reestructuración con apoyos públicos a devolver en cinco años (prorrogables otros dos más) o de resolución ordenada de la entidad. En este último caso, los activos más atractivos pasarían a un "banco puente", con el objetivo de venderlos, y los tóxicos a una sociedad de gestión, el llamado banco malo. Los detalles de esta última estructura, pieza clave de la estrategia para sanear la banca, no se conocerán todavía y hoy tan solo quedarán esbozados. Su desarrollo reglamentario se irá llevando a cabo durante el otoño.
La omnipotencia del FROB en estos procesos, que va desde la paralización de juicios a obviar las normas de competencia, alcanza la posibilidad de liquidar las entidades mediante proceso concursal. Accionistas, cuotapartícipes y socios serán los primeros en asumir pérdidas en estos procesos. También se establece la necesidad de que los tenedores de preferentes y deuda subordinada asuman fuertes quitas, en línea con los precios de mercado, lo que Bruselas estudiará caso por caso, si bien la venta futura de las preferentes quedará muy restringida.
Efecto en la vivienda
El precio de la vivienda ha caído en España un 23% desde el inicio de la crisis, frente al 50% de Irlanda. El ministro de Economía ya en su primera reforma financiera, a inicios de 2012, aseguró que el propósito de los cambios normativos era reducir el precio de las casas.
