Luis María Linde y su equipo han decidido poner límites a la batalla de los depósitos de las entidades financieras que han machacado en los últimos tiempos sus cuentas de resultados y han puesto en peligro las ahora sagradas ratios de solvencia.
En el Banco de España, sin embargo, no hacen comentarios sobre el tema y aseguran que el regulador no elaborará ninguna norma específica. Y es cierto, no la necesita. El pliego que firmó España para recibir los hasta 100.000 millones amplía de forma contundente los poderes del supervisor.
El Gobierno confirmó las nuevas misiones del organismo dirigido por Luis María Linde en la tercera reforma financiera de Luis de Guindos con la denominada "actuación temprana". Gracias a ella, posibilita al Banco de España a tomar cartas en la gestión de una entidad si considera que en el futuro "no pueda cumplir con los requerimientos de solvencia".
Basilea III, que comienza a aplicarse desde el presente ejercicio en cuanto a los requisitos de capital, incluye además los denominados "pilares 2 y 3", que amplían también la autoridad de los supervisores financieros. El segundo pilar los capacita para exigir más capital por encima del mínimo en función de las actividades individuales de cada uno de los bancos. España exige un 9% de capital de máxima calidad computado de acuerdo a los criterios de la Autoridad Bancaria Europea (ABE).
El tercer pilar de Basilea III deja la puerta a reforzar la disciplina de mercado por parte del Banco de España y del resto de los supervisores, incluyendo la posibilidad de establecer guías adicionales. Así lo hizo el organismo que gobierna Luis María Linde en la reunión que celebró el pasado diciembre con las principales entidades en la que recomendó unas determinadas rentabilidades para los depósitos.
Con todo, el Banco de España sí utilizará una circular para tener constancia cada mes de qué están haciendo los bancos con los depósitos que comercializan en sus oficinas. Ha modificado unos pocos pero vitales artículos de la circular 4/2004 sobre normas de información financiera pública y reservada. Los bancos tendrán que enviar el próximo 31 de enero al supervisor un detallado informe sobre la financiación captada en el mes, que incluirá el número de operaciones, el importe total y, lo que es más importante, el tipo medio ponderado.
Solo en oficinas
La modificación de la circular, que estuvo a consulta pública hasta el pasado 31 de diciembre, está dentro de otra norma que, de entrada, tiene poco que ver: la de entidades de crédito y sociedades y servicios de tasación homologados. Previsiblemente, la norma entrará en vigor a lo largo de los próximos días, una vez se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según fuentes del Banco de España.
El borrador especifica en un pie de página de la reforma de la circular que los datos se refieren a los depósitos y a la deuda captada a través de la red comercial. Es decir, "oficinas, banca electrónica y telefónica". Y especifica que tendrán que aportar la información "de los depositantes o tenedores cuya financiación acumulada (depósitos más valores) en la entidad sea inferior o igual a diez millones de euros". Queda claro, por tanto, que las administraciones públicas y todos los inversores institucionales están libres de los límites. Igualmente, el Banco de España da cierto margen a las entidades, al permitirles que extratipen el 15% de las renovaciones de los plazos fijos de los particulares. Como es lógico, tratará de retener a sus clientes más rentables.
El gobernador pone a prueba su autoridad
Llegó el pasado junio a la dirección del Banco de España y ya ha puesto a prueba su autoridad. Eso sí, con gran éxito. La fórmula elegida por Luis María Linde para frenar la espiral de subidas de la rentabilidad de los depósitos es muy flexible. El Gobierno de Zapatero trató de limitar la guerra del pasivo con una modificación de la Ley que regula el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), exigiendo aportaciones adicionales para el pasivo remunerado "excesivamente". La medida no fue una mera advertencia al sector, sino que supuso una auténtica intervención en el mercado.
La diferencia entre amoldarse o no a los límites oscilaba entre el 0,06% y el 0,5% del importe de la liquidez. Un depósito a un año al 3,2% tenía un coste adicional del 0,5% para una caja de ahorros; si pagara un 3,1%, el coste adicional sería del 0,1%. ¿Qué hicieron las entidades? Las penalizaciones solo se aplicaban a los depósitos, y las entidades comenzaron a utilizar su poderosa red comercial para vender otros instrumentos de captación de pasivo sin castigo, como los pagarés. Es decir, en la práctica la normativa sirvió para muy poco. El ministro de Economía, Luis de Guindos, de hecho, derogó la penalización en la reforma que aprobó el pasado 31 de agosto. Teóricamente, lo hizo para proteger a los pequeños ahorradores, que habían vuelto a apostar por productos que no estaban bajo la protección del Estado a través del FGD.
Ahora no hay una norma y se deja la puerta abierta a que las entidades puedan volver a recurrir a la financiación minorista en caso de que los mercados mayoristas vuelvan a cerrarse. Con los topes a los particulares, AFI calcula que los bancos ahorrarán unos 1.400 millones al reducir su coste de financiación. Una circular vetaría para siempre una eventual guerra de depósitos.
Una directriz no escrita es más flexible, y tal y como está diseñada, no ahuyentará a los institucionales que tengan depositados sus ahorros en entidades financieras españolas. Los fondos de inversión de la zona euro, con 23.397 millones en depósitos en bancos españoles en noviembre, tampoco están bajo los límites de rentabilidad. Las gestoras confían en una especie de círculo virtuoso. Los bancos derivarán parte del ahorro a fondos de inversión, estos continuarán efectuando depósitos de alta rentabilidad en las entidades financieras, que reforzarán así su liquidez y además se embolsarán las correspondientes comisiones de comercialización de estos productos de ahorro.
