El llamado banco malo, la sociedad de gestión de activos controlada por el FROB que el Gobierno está diseñando para albergar los activos tóxicos de la banca con problemas, se ha revelado como uno de los pilares maestros del saneamiento definitivo al que se va a someter al sistema financiero español, bajo la tutela de Bruselas. Aunque la fórmula del banco malo ha sido precisamente una de las grandes imposiciones europeas para resolver el problema con urgencia, la complejidad de su puesta en marcha amenaza con retrasar el proceso. Sin embargo, el Banco de España ha tomado cartas en el asunto para acelerarlo.
El supervisor ha remitido un proyecto de circular a las entidades financieras, que tendrán la oportunidad de plantear sus dudas o sugerencias antes de su publicación oficial, en el que les requiere una exhaustiva documentación de cada uno de los activos inmobiliarios que descansan en sus balances. El grado de detalle es tal que las hojas tipo diseñadas por el Banco de España obligan a desglosar hasta 178 características de cada activo. Estas van desde los datos generales de situación, superficie, tasación, catastro o uso asignado hasta el detalle de si el inmueble tiene agua caliente, cocina equipada o pista de pádel, pasando por referenciar el deterioro del activo o sus costes de mantenimiento.
En el caso de los créditos concedidos a promoción inmobiliaria, el Banco de España reclama hasta 103 datos diferentes para cada caso, en los que las entidades deberán especificar la identidad del beneficiario, el riesgo, los tipos de interés o las garantías disponibles.
Un maremágnum de información que no resulta baladí. Los expertos de la consultora inmobiliaria Knight Frank exponen que solo en el 30% de los casos las entidades tienen en orden todo el material documental necesario para efectuar el traspaso de un activo. Lo habitual, ilustran, es que el banco o caja no disponga de toda esta información y el encargado de valorar los activos deba acudir a la fuente, lo que implica tratar con las administraciones locales, por ejemplo, retrasando todo el proceso.
Como la normativa establece que cada traspaso debe ir acompañado de una tasación individual de los activos, la operación puede alargarse durante meses. Desde la consultora inmobiliaria CB Richard Ellis aducen que en Irlanda, donde ya se constituyó un banco malo, el proceso duró dos años. En dichas condiciones, solo el trasvase de los activos tóxicos de la banca ya intervenida (Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) podría alargarse unos 12 meses, según estos expertos.
El esfuerzo documental que exige ahora el gobernador Luis María Linde podría dar un vuelco a dichas estimaciones. Desde la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración (Atasa), la patronal de las tasadoras, calculan que las cuatro entidades citadas acumulan ladrillo y solares por valor de 67.000 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte del trabajo anual del sector. "Siempre que se contara con la documentación necesaria", matizan en Atasa, "el plazo de trabajo podría estimarse en alrededor de un trimestre", si se involucra a todo el sector.
