El futuro de Liberbank está en vilo. La entidad nacida de la unión de Cajastur (que engloba CCM) con las cajas de Cantabria y Extremadura necesitaría 1.198 millones más de capital en el escenario adverso del test de estrés de Oliver Wyman. Una factura que hizo saltar por los aires sus planes de fusión con Ibercaja y Caja3, y que deberá afrontar ahora en solitario con determinados apoyos públicos.
En paralelo a una ampliación de capital por 500 millones de euros, la firma ha propuesto a sus trabajadores la aprobación de cuatro años de fuerte austeridad salarial a cambio, eso sí, de no reducir costes por la vía de los despidos. La negociación del ajuste, en todo caso, ha quedado suspendida al menos hasta el 20 de diciembre, cuando Bruselas deberá aprobar el plan de viabilidad de la entidad.
Hasta entonces, sin embargo, lo que descansa en la mesa de negociación es una propuesta para llevar a cabo un ERE temporal de tres años. En cada ejercicio, de 2013 a 2015, un 20% de la plantilla iría al desempleo para reintegrarse después.
En paralelo, se llevaría a cabo un ajuste salarial que se extendería del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016. En primer lugar, durante dicho plazo los trabajadores verían reducida su jornada (y salario) en media hora diaria, y se suprimirían los turnos de trabajo de los jueves por la tarde.
A partir de ahí, los sueldos se rebajarían al mínimo recogido por el convenio colectivo para cada puesto de trabajo, a una valoración de mercado si este no estuviera recogido o sufrirían una rebaja media del 7%. Sobre los salarios de los cargos directivos se aplicaría un ajuste adicional del 11,5% de su sueldo fijo, con lo que la reducción media se situaría en el 18,5%.
La propuesta de la entidad recoge también la suspensión temporal de las aportaciones a los planes de pensiones hasta 2017, así como la supresión del seguro de vida, el seguro médico, la cesta de navidad, las extras por nacimiento, matrimonio o defunción, las ayudas de estudios y algunas subvenciones sindicales.
Para los empleados de plantilla, el conjunto de estas medidas puede llegar a suponer una pérdida total equivalente a entre el 40% y el 50% de su salario, según cálculos sindicales. Fuentes cercanas a la compañía indican, no obstante, que se trata de casos excepcionales, y que las rebajas salariales no afectarían al salario fijo del personal con nóminas inferiores a los 30.000 euros anuales.
Los representantes de los trabajadores de Liberbank, entre los que se encuentran CC OO, UGT_y Csica, han pedido a la entidad que retire esta propuesta a la espera de negociar un ajuste menos severo. Desde la entidad han dejado el diálogo en suspenso con miras a retomarlo después de Navidad, una vez conocido el dictamen de Bruselas.
La inyección de ayudas europeas que se prevé para la firma podría tener como contrapartida la imposición de despidos de parte de los 5.500 empleados de la firma (en Bankia se exige la salida de 6.000 trabajadores y en Novagalicia de hasta 2.500).
Mientras se conoce el mandato, Csica ha solicitado formalmente al Banco de España que intervenga Liberbank y destituya a sus gestores.
El plan de pensiones de Cajastur, en el aire
Una de las principales preocupaciones que ha despertado el plan de ajuste salarial propuesto por Liberbank a su plantilla es el efecto que puede tener sobre los planes de pensiones de los empleados de cada caja. La hoja de ruta elaborada por la dirección de la entidad recoge la supresión de las aportaciones anuales al plan de pensiones desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016, lo que equivale, de media, a un 6% del sueldo anual de los empleados, según estimaciones sindicales. Sin embargo, la consternación de algunos empleados no es esa. El problema se centra en aquellos trabajadores procedentes de Cajastur, cuyo plan de pensiones no genera un derecho nominal para cada trabajador o equivale a una aportación definida, como ocurre en el caso de Caja Cantabria o Caja Extremadura. El sistema de Cajastur lo que establece es una compensación para los trabajadores que se jubilan, a los que la entidad les viene pagando la diferencia entre su pensión y el sueldo que venían percibiendo, para que no sufran una severa restricción de su capacidad adquisitiva. Fuentes sindicales critican, sin embargo, que la rebaja salarial prevista por la empresa -que puede llegar a suponer entre un 40%_y un 50% de algunos sueldos- podría dejar sin efecto este sistema. El temor es que en aquellas situaciones en que el salario se sitúe por debajo de la pensión por jubilación correspondiente (la máxima alcanzaba este año los 2.522 euros mensuales) no se aplique dicha compensación. El argumento de los empleados es que, aunque no se produzca una pérdida de poder adquisitivo, el plan de pensiones es una parte su retribución, un derecho generado al que tendrían derecho a disfrutar una vez que dejen su actividad en la entidad.
