Así lo expone la magistrada en una resolución judicial, que puede ser recurrida, en la que acuerda, por otra parte, enviar a la Audiencia Nacional para su investigación la parte de la denuncia de UPyD relativa al proceso de fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, que derivó en la creación de Banca Cívica.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la ley establece la competencia de la Audiencia Nacional cuando los hechos denunciados pueden tener repercusión en la economía nacional y, además, abarcan a una generalidad de personas de más de una provincia.
En el auto, la juez establece la práctica de una serie de diligencias y reclama a Caja Navarra -que fue absorbida por CaixaBank- que remita "las actas de las reuniones llevadas a cabo por la Permanente de la Junta de Entidades y de las respectivas comisiones que autorizaron la composición y cantidades a abonar" por dietas.
También reclama los "recibos acreditativos del pago de las dietas a los asistentes a dichas reuniones", las cuentas auditadas correspondientes a los años 2002 a 2010 -ambos inclusive-, así como que detalle "las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas desde 2005 a 2009, ya sea directamente o indirectamente, a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la entidad, familiares de primer grado o sus empresas, debiendo indicar las condiciones de tales operaciones".
Al Banco de España, le pide que aporte "los informes, documentos y expedientes elaborados por el Grupo de Inspección" encargado de la investigación de Caja Navarra desde 2002 hasta 2009 -ambos inclusive-. La magistrada solicita, por ultimo, al Gobierno de Navarra que le informe si en alguna ocasión llevó a cabo "inspección o fiscalización de Caja Navarra, debiendo aportar en tal caso las actas, informes, documentos y expedientes completos elaborados al efecto".
El auto de la titular del juzgado es consecuencia de la denuncia presentada el 18 de enero en el juzgado de guardia por Kontuz! contra el expresidente Miguel Sanz y el ex director general de la entidad, Enrique Goñi, por presuntos delitos societarios y de prevaricación por ocultación.
También presentó, pero ante la Fiscalía, que aún no se ha pronunciado, otra denuncia contra la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por un presunto delito de información privilegiada para aprovechamiento personal.
La juez ha decidido sumar la denuncia contra Sanz y Goñi a la presentada el 28 de diciembre de 2012 por Unión Progreso y Democracia (UPyD) ante la fiscalía de Navarra, contra los consejeros de Banca Cívica por la presunta comisión, entre otros, de delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas.
La denuncia se extendía también a CaixaBank, como posible responsable subsidiario al asumir los derechos y obligaciones fruto de la absorción de Banca Cívica, que formaron Cajasol, Caja de Navarra (CAN), Caja Canarias y Caja Burgos, pero no por su relación con presuntos hechos delictivos.
En la denuncia plantea la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, delitos societarios, administración fraudulenta o desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera.
