El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que investiga las prejubilaciones millonarias que se concedieron estos dos exdirectivos y otros tres antiguos responsables de la entidad, ha ordenado el embargo de bienes muebles e inmuebles, entre los que se encuentra un vehículo, así como de varios productos financieros.
El magistrado impuso el pasado 6 de noviembre una fianza de 7.021.352,57 euros a García Paredes y declaró que Fernández Gayoso debía ser responsable civil solidario tanto de esta caución como de las que impuso a otros tres exdirectivos, que aportaron los derechos económicos de las pólizas de las pensiones que ellos mismos se concedieron.
Se trata del exdirector general de la caja José Luis Pego, que tuvo que afrontar una fianza de 1.925.222,90 euros; el que era responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, que avaló 1.218.136,53 euros; y el responsable de la oficina de integración Óscar Rodríguez Estrada, al que se impuso una caución de 347.920,02 euros.
Percepciones irregulares
Estas cantidades son las que, según la Fiscalía Anticorrupción, los exdirectivos habrían percibido irregularmente más lo que tenían previsto ingresar si su plan de cobros hasta su jubilación hubiera concluido con éxito. De no constituirse las fianzas, según señalaba el auto, se procedería al "embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas que se les reclama".
Los cinco exdirectivos están imputados en la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida. En su querella, Anticorrupción apuntaba que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 -en el momento de la fusión- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
