Los seguidores de Sigur Rós en Bruselas y alrededores cuentan los días que faltan para la actuación del grupo islandés, previsiblemente multitudinaria, en la capital europea (el 26 de febrero). Pero antes de que suene la música vaporosa del cuarteto de Reikiavik, Bruselas ha sufrido una sacudida de origen islandés mucho menos sutil de lo esperado.
El pequeño país derrotó el lunes judicialmente a la Autoridad de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que, con la ayuda de la Comisión Europea, acusaba al Gobierno islandés de haber incumplido la directiva comunitaria sobre garantía de depósitos bancarios por no reembolsar los ahorros a miles de clientes británicos y holandeses.
Para Islandia la victoria ha sido más que nada simbólica porque el país, sometido a los dictados del FMI, apenas dispone de margen para enfrentarse a sus vecinos del Viejo Continente.
Pero para Bruselas, la sentencia supone un aldabonazo que reaviva los peores fantasmas del cataclismo financiero de 2008 y 2009. Y coloca de nuevo a la UE ante un "trilema" financiero que prefería afrontar a largo plazo.
El trilema en cuestión lo evocó ayer mismo el vicepresidente del Banco Central Europeo, Victor Constráncio, en Fráncfort: "Se puede definir como la imposibilidad de lograr al mismo tiempo la estabilidad financiera, la integración financiera y el mantenimiento de políticas financieras nacionales".
La pirueta se reveló imposible al comienzo de la crisis financiera, cuando problemas aparentemente localizados en mercados tan pequeños como Grecia o Irlanda se contagiaron rápidamente al resto del club comunitario.
Pero tras las reparaciones de emergencia, las aguas se habían calmado y Bruselas parecía disponer de tiempo para llevar a cabo las reformas más profundas. Entre ellas, se había colocado como meta final, y a una distancia temporal indefinida, la creación de un fondo paneuropeo de garantía de depósitos, como último paso de una unión bancaria que incluye la creación de un supervisor único y de un fondo de reestructuración.
La sentencia sobre Islandia, sin embargo, parece indicar que la UE y la zona euro, en particular, no disponen de tanto tiempo como se había pensado. Sobre todo, porque se aproxima el desenlace de una nueva crisis bancaria, ahora en Chipre, en la que por primera vez se especula con la posibilidad de que los titulares de algunos depósitos sufran pérdidas para contribuir al rescate financiero.
La Comisión Europea insistió ayer en mantener la calma. Y el departamento de Michael Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, repitió que, a pesar de la sentencia del Tribunal de la AELC, los 27 socios de la UE siguen obligados a garantizar la protección de los ahorradores hasta 100.000 euros por cuenta bancaria.
En paralelo a esa versión oficial, sin embargo, el nerviosismo en las instituciones es evidente. 48 horas después de la sentencia, ningún alto cargo ha hablado en público sobre ella. Y en el Tribunal, contactado por CincoDías, reconocen que hay "orden expresa de no comentar la sentencia sobre Islandia". Demasiadas precauciones para un veredicto que, según Bruselas, "no cambia nada".
Lo cierto es que se repite el escenario de hace cuatro años, cuando la crisis puso en entredicho el precario sistema de garantía de depósitos vigente en varios países de la UE. En algunos, como Reino Unido, Holanda o Italia ni siquiera estaba prevista la financiación a priori de esos fondos.
El entonces comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, incluso cuestionaba el modelo español de financiación por adelantado del fondo, pues se consideraba un desperdicio la inmovilización de tantos recursos. Y una añeja directiva de 1994 se limitaba a señalar la obligación de disponer de cierta cobertura con un mínimo garantizado de 20.000 euros.
La hecatombe financiera de hace cuatro años obligó a actualizar a toda prisa aquella norma (y elevar a 100.000 euros la cobertura). El cambio se precipitó después de que Irlanda estableciese una garantía ilimitada de los depósitos para evitar una estampida de capital hacia el resto de la UE.
Pero la reforma a medio plazo para fortalecer la red de seguridad no está aún concluida. Y peor aún, los cambios a largo plazo, inexcusables según los expertos y que pasarían por la creación de un fondo de garantía europeo, ni siquiera están sobre la mesa de negociación porque Berlín ha vetado cualquier iniciativa al respecto.
Opciones
El departamento de Barnier recuerda que las enmiendas introducidas en la directiva endurecieron la obligación de garantizar la cobertura de los depósitos. Pero Islandia, donde se hundió el 92% de la banca, ha mostrado que, en casos extremos, los Estados pueden negarse o ser incapaces de cubrir todos los depósitos. Y los jueces han avalado esa opción.
Ante ese escenario, la UE tiene dos opciones. Limitar el tamaño del sector en relación con el PIB de cada país, para que no alcance las proporciones de Irlanda (840%), Chipre (747%) o Luxemburgo (2.600%). O acelerar la unión bancaria para romper el vínculo entre los bancos y sus Tesoros respectivos, con un fondo de garantía compartido. De momento, sin embargo, se impone una tercera opción: cruzar los dedos y esperar que no pase nada.
