El Gobierno de Mariano Rajoy empieza a desvelar alguna de las cifras clave para el futuro del sector bancario nacional. Su ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que los bancos y cajas españoles tendrán que realizar provisiones adicionales por su exposición al ladrillo por valor de 50.000 millones de euros.
En una entrevista concedida al periódico británico Financial Times, De Guindos ha asegurado que "teniendo en cuenta las valoraciones que se han dado en casos como el de Irlanda, como mucho haría falta realizar 50.000 millones de euros de provisiones adicionales". En su opinión, "en la mayoría de los casos, las entidades pueden realizar esas provisiones por sí mismas, a través de sus beneficios... y estas pueden ser realizadas no en un año, sino a lo largo de varios".
De los 338.000 millones de euros de activos inmobiliarios que acumula el sector bancario español, alrededor de 176.000 millones son considerados activos tóxicos (créditos morosos, préstamos al borde del impago y activos adjudicados, especialmente suelo).
Los bancos ya han dotado provisiones que cubren alrededor un tercio de esos activos tóxicos y esperaban que el Banco de España les obligara a provisionar un 20% más. Con la exigencia de 50.000 millones extra, las provisiones aumentarían un 28% y la mayoría de entidades se vería obligada a recabar más capital.
Una de las alternativas que ha barajado el nuevo Ejecutivo para dar salida a estos activos es la creación de un banco malo, una gran entidad con capital público que pudiera comprar los inmuebles y el suelo que los bancos acumulan en sus balances. Sin embargo, los grandes bancos españoles, especialmente el grupo Santander, se han opuesto a la creación de un banco malo y creen que es preferible que las entidades solventes vayan adquiriendo a las más débiles, con apoyo público.
De Guindos dijo: "Tenemos un problema inmobiliario en España, pero es manejable. Estos 50.000 millones solo suponen el 4% del PIB español. Esto no es Irlanda. Es un problema de una magnitud diferente".
El déficit presupuestario irlandés se disparó cuando los bancos, y el país, tuvo que ser rescatado por la UE y el FMI. España ya ha rescatado o nacionalizado siete entidades, en las que se ha gastado 21.000 millones de dinero público (parte de esa cantidad es recuperable) y fondos de garantía de depósitos.
Control previo de cada presupuesto autonómico
"Las dificultades de liquidez son realmente una oportunidad para imponer duras condiciones y medidas en términos de frenar el déficit de las comunidades autónomas". Apenas unas horas después de conocerse que el Gobierno central ha tenido que salir al rescate de la Comunidad Valenciana, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se mostraba dispuesto a evitar nuevos episodios similares. En una entrevista concedida al diario Financial Times, De Guindos anunciaba que tiene previsto aprobar en marzo una ley que imponga un "control previo" sobre los presupuestos de cada una de las autonomías, que "necesitarán luz verde del Gobierno central". De Guindos lograría así el control absoluto del gasto, con el objetivo de cumplir con la UE y llevar el déficit al 3% en 2013.
