El documento pide ampliar el plazo acordado en febrero pasado por el Ejecutivo interino que había en Grecia y los representantes de la troika, compuesta por la Comisión Europea (CE), del Banco Central Europeo (BCE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se espera vuelvan a la capital helena el próximo lunes.
Dicho acuerdo fue pactado entonces con el gobierno interino de "unidad nacional" liderado por el tecnócrata Lukás Papadimos.
El programa del Ejecutivo que asumió esta semana ha sido firmado por los tres partidos que forman el gobierno de coalición: la conservadora Nueva Democracia (ND), el Pasok (socialistas) y el pequeño centroizquierdista Izquierda Democrática (Dimar).
Además de una prórroga de los plazos, Samarás prevé solicitar a los socios europeos otras modificaciones del pacto de austeridad acordado con la Unión Europea (UE) y el FMI. Entre otros, espera poder dejar en suspenso las reducciones de los salarios mínimos y de las pensiones de jubilación, previstas inicialmente para este mes de junio.
"La reducción de empleados en el sector público debe tener lugar solo por el no reemplazo de los funcionarios que son jubilados", se precisa en el texto.
En el pacto de austeridad, se incluyó el compromiso de que Atenas reduzca en 150.000 el número de sus funcionarios públicos.
El actual gobierno tiene programado "mejorar el funcionamiento del sector público fusionando servicios non rentables y trasladando a sus funcionarios a otros cargo".
Además, intentará restablecer los acuerdos salariales colectivos, evitar nuevos recortes de sueldos y pensiones, aumentar el nivel de los ingresos mínimos anuales libres de impuestos, y reducir el número de los funcionarios sin proceder a despidos. El programa prevé extender el pago del subsidio de desempleo de uno a dos años, y ofrecer asignaciones a los trabajadores autónomos sin empleo. La propuesta confrontará a Atenas con los socios de la zona del euro reacios a renegociar el paquete de severas medidas de ahorro a cambio del préstamo de 130.000 millones de euros para salvar a Grecia de la bancarrota, aunque algunos sí se han mostrado dispuestos a tener cierta flexibilidad. La mayor parte de las medidas incluidas en ese pacto habían sido exigidas por la troika como condiciones "sine qua non" para el pago de la gigantesca ayuda necesaria.
El jueves pasado, varios Estados miembros de la zona euro expresaron en Luxemburgo su oposición a dar más tiempo a Grecia para que el país cumpla sus compromisos de ajustes y reducción del déficit.
Así, Finlandia, Austria y Holanda han dado a entender que rechazan una prolongación de los plazos: "No creo que sea una buena idea", aseguró preguntada al respecto la ministra finlandesa de Finanzas, Jutta Urpilainen, a su llegada a una reunión del Eurogrupo.
Pero su homólogo francés, Pierre Moscovici, abogó por que Europa entienda las necesidades griegas y dé esperanza a sus ciudadanos.
Otros países como Bélgica y Alemania también se han pronunciado a favor de una posible revisión de los plazos fijados
