El Tesoro ha sometido a consulta pública un proyecto de Real Decreto según el cual la inhabilitación de directivos de banca condenados no será automática, sino que el Banco de España deberá tener en cuenta otros factores a la hora de valorar si un condenado puede o no formar parte del consejo de administración de una entidad financiera.
Este cambio en la norma lleva en consulta pública desde el pasado 21 de enero y, según consta en la web del Tesoro, el plazo para que el sector financiero pudiera interponer alegaciones expiró el pasado 7 de febrero. La entrada en vigor de este real decreto resulta trascendente tras la decisión del Tribunal Supremo de anular los efectos administrativos del indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz.
No obstante, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha garantizado tras conocer esta decisión del Alto Tribunal que los cambios que prepara el Ejecutivo en el reglamento de honorabilidad "no van a favor ni en contra de nadie".
Para realizar una valoración de idoneidad, el Banco de España tendrá en cuenta la trayectoria del consejero o directivo, si existiera alguna condena por la comisión de delitos dolosos y la sanción por la comisión de infracciones administrativas o la existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito penal como administrativo.
"Concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad", explica el proyecto de real decreto.
La normativa responde a las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y que los países de la UE están adaptando a su normativa, según ha explicado De Guindos, quien ha emplazado a las apelaciones del sector para tomar una decisión sobre el caso particular de Sáenz.
"No es tanto un tema de honorabilidad, que lógicamente se tiene que reforzar, sino también de profesionalidad", ha sostenido el ministro el ministro de Economía.
El Tribunal Supremo estima que el Gobierno socialista se excedió en la aplicación del indulto al pretender que su decisión supusiera que al banquero no le afectara la normativa bancaria que le inhabilita para ser banquero por sus antecedentes penales. ??°
