El Gobierno salvará del desahucio a las familias con escasos ingresos

Hasta el inicio de la crisis los embargos hipotecarios prácticamente eran testimoniales, una anécdota dentro de las preocupaciones de las entidades financieras. "Ahora es un tema que nos preocupa y nos ocupa", señalaba ayer un ejecutivo de una destacada firma financiera.

La banca considera que el número de embargos, aunque se han disparado desde 2008, sigue siendo muy pequeño; pese a ello, cree que es un problema social que debe resolverse. Lo mismo considera el Gobierno. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, comparece hoy en el Parlamento con un objetivo, anunciar el compromiso alcanzado entre la banca y el Ejecutivo para intentar solucionar un problema con graves consecuencias para un cada vez mayor número de familias. El Ejecutivo, de hecho, lleva varias semanas presionando a la banca para que busque una solución a los desahucios. Y parece que se ha encontrado. El Gobierno ha remitido a las entidades una serie de medidas para su consulta. Entre ellas destaca la de fijar un umbral de ingresos a partir del cual una familia que haya incurrido en el impago de su hipoteca quedaría protegida ante un desahucio, y podría permanecer en su casa.

Esta medida iría acompañada de otras iniciativas paralelas de tipo económico y administrativo, dado que el banco que ha concedido la hipoteca está obligado no solo a reclamar la deuda, sino también a provisionarla. Y es que una vez reclamada la deuda, se inicia un proceso judicial, y al final es el juez el que ordena el desahucio, no la entidad.

Las propuestas, no obstante, intentan evitar una modificación de la norma que rige el mercado hipotecario. Han optado por un "pacto de caballeros", como lo define un directivo, ya que cambiar la ley podría suponer un considerable gravamen para los futuros clientes que quieran contratar una hipoteca. Además, la banca rechaza de plano una solución como la dación en pago con carácter retroactivo, según explicó ayer el presidente de la AEB, Miguel Martín.

El lunes de la semana pasada la patronal bancaria y los cuatro grandes bancos españoles mantuvieron una reunión con De Guindos. El objetivo era llegar a un consenso para reducir los embargos sin cambiar la norma hipotecaria. Ayer la banca entregó sus propuestas al ministro y este hizo lo propio con las realizadas por el Gobierno.

Varias fuentes bancarias aseguran que con la propuesta del Ejecutivo el perjuicio para la banca será poco representativo, ya que al final los desahucios son escasos. "Lo último que pretende una entidad financiera es embargar una vivienda a una familia. Es la última medida que se toma. Antes se negocia y generalmente se llega a un acuerdo de refinanciación con plazos más largos, se baja el tipo de interés, se incluyen años de carencia o se adquiere la casa y se le alquila a la misma familia. Todo para evitar su embargo", señalaba ayer un banquero.

Otro directivo daba cifras. "De cada millón de hipotecas que se firman, solo se embargan 9.000 viviendas. Es un porcentaje muy bajo". Con las nuevas medidas, al cambiarse las condiciones de la hipoteca se reducirán también los gastos que ello conlleva. También se incentivarán medidas fiscales para ayudar a las familias a afrontar su situación económica antes de llegar al límite del impago de la hipoteca.

Miguel Martín se mostró ayer a favor de la "dación en pago" -saldar la deuda con un banco devolviendo la vivienda-, pero solo en el caso de que la medida sea acatada por la entidad de forma voluntaria, "por razones humanitarias o las que quieran". Recordó que la dación en pago sería una opción "muy dañina para la organización del mercado inmobiliario y con la que no está de acuerdo".