Hay, eso sí, un par de salvedades. La principal es que el Gobierno aprobará un decreto ley que rebaje los elevados intereses de demora a los que se somete a los deudores hipotecarios, en el caso de que estos no puedan pagar. En paralelo, Economía trabaja con Justicia para poner en marcha un sistema de subastas online que garantice la afluencia de postores y eleve el precio de venta de los pisos embargados, reduciendo la deuda que les queda a los afectados.
El decreto recogerá también las circunstancias en las que una familia se considerará dentro del umbral de exclusión social: que todos los miembros del núcleo familiar se encuentren en situación de desempleo, que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente al pago de su hipotecas y que el embargo afecte a su única vivienda. Economía ha hecho hincapié en que establecerá controles para evitar abusos o fraudes.
A partir de ahí, será decisión de la entidad si aplica a estos colectivos las concesiones que pretende incluir Economía en su "código de buenas prácticas". Una es la condonación de la deuda hipotecaria, que se saldaría únicamente con la entrega del inmueble a la entidad (dación en pago). La pretensión de Economía es que la banca retrase el desahucio durante dos años, permitiendo a las familias permanecer en la vivienda, con la posibilidad de que les cobren un alquiler durante dicho periodo.
La medida que mayor calado puede tener pasa por que la banca acepte la "opción" de asumir parte del error en la tasación de las viviendas, defienden en Economía, pagando un porcentaje de la diferencia que hay entre el precio de la vivienda embargada hoy y la deuda pendiente (para toda clase de familias).
El Gobierno justifica su renuncia a convertir en ley todas estas medidas en que sería discutible aplicarlas retroactivamente y en que las nuevas hipotecas tienen condiciones más razonables. Generalizar la dación en pago, aducen, elevaría los precios de todas las hipotecas. Pese a ello, Economía se muestra confiada en que buena parte de las entidades asuman el código, por el riesgo reputacional y moral que tendría no hacerlo, normalizando la aplicación de estas prácticas en el sector.
