El Gobierno da otra dura vuelta de tuerca a las provisiones inmobiliarias

El Gobierno tiene sobre la mesa varias alternativas para poner fin a la reforma financiera este mismo mes. Las exigencias del Banco Central Europeo (BCE), Bruselas y el FMI, además de los mercados, han provocado una reacción sin precedentes en Economía y el Banco de España, que ha derivado no solo en la dimisión del ya ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, el lunes, sino en dar otra vuelta de tuerca a las exigencias de provisiones de la banca.

El objetivo es al final controlar la prima de riesgo española y disipar toda sombra de una posible intervención de España, aunque para ello haya que incrementar nuevamente el saneamiento de los activos tóxicos, medida que se recogerá en el nuevo decreto que aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes. Esta es, de hecho, una de las reclamaciones de casi todos los bancos de inversión y agencias de calificación, que consideran que el sector bancario español necesita otra inyección de dotaciones casi igual a la fijada por el decreto de febrero pasado por el ministerio de Economía.

El director general de regulación del Banco de España, José María Roldán, también reconoció hace unas semanas en Londres que para sanear por completo los balances de las entidades financieras españolas podrían necesitar más capital del previsto en el decreto conocido como De Guindos.

El proyecto que barajaba ayer Economía, que puede variar según apuntan fuentes financieras, era incrementar las provisiones del crédito sano inmobiliario, que tras el decreto de la reforma financiera ya se había fijado en un 7% (las denominadas provisiones genéricas). "Se baraja un incremento adicional del 23% al 28% como mínimo, con lo que el porcentaje a provisionar sobre el crédito sano vinculado al ladrillo sería del 30% al 35%, pero creemos que es demasiado elevado, aunque hay que disipar las dudas del mercado", aseguraba ayer un alto directivo de un banco. Esta vuelta de tuerca supone unas provisiones adicionales de 35.000 millones.

Con esta medida se pretende forzar nuevas fusiones, sobre todo a aquellas entidades que se han mostrado más reticentes a unirse a una fusión en esta tercera vuelta de integraciones, explican varias fuentes financieras. La presión se centra sobre las entidades medianas, sobre todo, BMN, Liberbank, Ibercaja y Unicaja.

Banco malo

Vinculado a este reforzamiento de las provisiones se aprobará también la regulación de las sociedades de activos tóxicos, más conocidos como bancos malos aunque no tengan ficha bancaria, en las que se segregarán los inmuebles de las entidades financieras. Estas sociedades tendrán inicialmente carácter voluntario, aunque será obligatorio para aquellas que no puedan llegar a cubrir las nuevas provisiones.

Fuentes del sector aseguran, de cualquier forma, que al final parece que todas "estaremos abocados a crearlas para disipar todas las dudas sobre el saneamiento de nuestros balances".

En estas sociedades se traspasarán los activos inmobiliarios con sus provisiones. Solo si la entidad no es capaz de realizar sus provisiones la sociedad, que será gestionada por un tercero (lo normal es que sea un fondo de capital riesgo), segregará a esta firma sus activos tóxicos, pero para desprenderse de ellos, ya que no tendrá ningún derecho sobre ellos, ya que recibirá ayudas del Estado a través de bonos convertibles, denominados cocos. Solo tendrá un porcentaje de la sociedad en función de las ayudas que reciba. Eso sí, la sociedad que los gestione contará con un aval del Estado o un esquema de protección de activos (EPA), no está definido aún, que cubrirán las futuras pérdidas que pueda generar la venta de estos inmuebles. Así se pretende también potenciar la venta de viviendas ahora estancada pese al decreto de febrero.