El Gobierno tiene sobre la mesa varias alternativas para poner fin a la reforma financiera este mismo mes. Las exigencias del Banco Central Europeo (BCE), Bruselas y el FMI, además de los mercados, han provocado una reacción sin precedentes en Economía y el Banco de España, que ha derivado no solo en la dimisión del ya ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, el lunes, sino en dar otra vuelta de tuerca a las exigencias de provisiones de la banca.
El objetivo es al final controlar la prima de riesgo española y disipar toda sombra de una posible intervención de España, aunque para ello haya que incrementar nuevamente el saneamiento de los activos tóxicos, medida que se recogerá en el nuevo decreto que aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes. Esta es, de hecho, una de las reclamaciones de casi todos los bancos de inversión y agencias de calificación, que consideran que el sector bancario español necesita otra inyección de dotaciones casi igual a la fijada por el decreto de febrero pasado por el ministerio de Economía.
El director general de regulación del Banco de España, José María Roldán, también reconoció hace unas semanas en Londres que para sanear por completo los balances de las entidades financieras españolas podrían necesitar más capital del previsto en el decreto conocido como De Guindos.
El proyecto que barajaba ayer Economía, que puede variar según apuntan fuentes financieras, era incrementar las provisiones del crédito sano inmobiliario, que tras el decreto de la reforma financiera ya se había fijado en un 7% (las denominadas provisiones genéricas). "Se baraja un incremento adicional del 23% al 28% como mínimo, con lo que el porcentaje a provisionar sobre el crédito sano vinculado al ladrillo sería del 30% al 35%, pero creemos que es demasiado elevado, aunque hay que disipar las dudas del mercado", aseguraba ayer un alto directivo de un banco. Esta vuelta de tuerca supone unas provisiones adicionales de 35.000 millones.
Con esta medida se pretende forzar nuevas fusiones, sobre todo a aquellas entidades que se han mostrado más reticentes a unirse a una fusión en esta tercera vuelta de integraciones, explican varias fuentes financieras. La presión se centra sobre las entidades medianas, sobre todo, BMN, Liberbank, Ibercaja y Unicaja.
Banco malo
Vinculado a este reforzamiento de las provisiones se aprobará también la regulación de las sociedades de activos tóxicos, más conocidos como bancos malos aunque no tengan ficha bancaria, en las que se segregarán los inmuebles de las entidades financieras. Estas sociedades tendrán inicialmente carácter voluntario, aunque será obligatorio para aquellas que no puedan llegar a cubrir las nuevas provisiones.
Fuentes del sector aseguran, de cualquier forma, que al final parece que todas "estaremos abocados a crearlas para disipar todas las dudas sobre el saneamiento de nuestros balances".
En estas sociedades se traspasarán los activos inmobiliarios con sus provisiones. Solo si la entidad no es capaz de realizar sus provisiones la sociedad, que será gestionada por un tercero (lo normal es que sea un fondo de capital riesgo), segregará a esta firma sus activos tóxicos, pero para desprenderse de ellos, ya que no tendrá ningún derecho sobre ellos, ya que recibirá ayudas del Estado a través de bonos convertibles, denominados cocos. Solo tendrá un porcentaje de la sociedad en función de las ayudas que reciba. Eso sí, la sociedad que los gestione contará con un aval del Estado o un esquema de protección de activos (EPA), no está definido aún, que cubrirán las futuras pérdidas que pueda generar la venta de estos inmuebles. Así se pretende también potenciar la venta de viviendas ahora estancada pese al decreto de febrero.
Hay que acelerar el proceso de reestructuración
La reestructuración del sector financiero no puede esperar más, y el Gobierno como los tres grandes bancos del país: Santander, BBVA y Caixabank quieren dejar cerrado el mapa bancario español a más tardar en junio, aunque de momento todo esté abierto en canal. Incluso la fusión de CaixaBank y Banca Cívica, cuyas asambleas se reunirán el 22 de mayo para dar la aprobación a la operación, "aunque hay que pasar aún ese paso. Hasta el último fleco no se debe dar nada por cerrado, y desde el lunes el panorama ha vuelto a dar un giro con la salida de Rodrigo Rato de Bankia", aseguraban ayer fuentes financieras.
De hecho, en las reuniones mantenidas el fin de semana pasado entre el Gobierno y los presidentes de los tres principales bancos españoles se habló de acelerar las subastas de las tres firmas que aún quedan pendientes de adjudicación: Banco Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia para finalizar su proceso en junio.
El objetivo de subir considerablemente las provisiones nuevamente también va encaminado a ello, ya que pueden provocar fuertes pérdidas en algunas firmas que deberán compensar con una fusión o con ayudas. Precisamente, Rato intentó hasta el último momento que el Gobierno aceptase una solución para Bankia como la propuesta por Novagalicia y prácticamente rechazada por el Ejecutivo. Que entraran fondos de inversión en su capital a través de una subasta parcial que contase con un esquema de protección de activos. Economía rechazó esta solución, aunque no se descarta que en un futuro no muy lejano, tras inyectar capital público a Bankia, que podría llegar a los 7.000 millones o más, pueda entrar alguno de los grandes bancos de forma total o parcial.
FGD
Decreto del Fondo de Garantía de Depósitos
El viernes el Gobierno aprobará en el mismo decreto en el que se incluirá las provisiones y el banco malo la nueva vía para capitalizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Un préstamo será la vía para financiar al FGD. Será como una aportación adelantada de las cuotas de ocho ejercicios de la banca. El FGD contará con unos 20.000 millones, según fuentes financieras, el tope que está dispuesto a poner el sector para las subastas de Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia.
El Gobierno también podría retocar el FROB para flexibilizar los instrumentos para inyectar capital a un banco.
