La operación comenzó anoche con una reducción progresiva de potencia hasta llegar al desenganche de la red, como paso previo al vaciado del combustible del núcleo del reactor, que la empresa propietaria de la instalación, Nuclenor, ya ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear.
La empresa ya advirtió de estos pasos tras celebrar el viernes un Consejo de Administración en el que concluyó que Garoña no es viable si se impone la tasa que tramita estos días el Parlamento y que supondría el pago anual de 153 millones de euros, por lo que ha optado por el cierre antes del 1 de enero para evitar esta carga económica.
Aunque la empresa llama a esta operación "cese definitivo", el propio Consejo de Administración ha reconocido que la operación, que culminará dentro de una semana con el vaciado del núcleo del reactor, es "reversible" y la planta podría volver a operar si se elimina o modifica sustancialmente esa tasa.
De hecho, Garoña, que comenzó a funcionar en 1971, tiene permiso para seguir operando hasta el 6 de julio de 2013, en aplicación de una orden ministerial de cierre, aunque la empresa propietaria ha tenido ocasión de solicitar la anulación de esa orden y una prórroga hasta 2019.
Siempre por razones económicas, Nuclenor dejó pasar el plazo que había concedido el Gobierno actual para solicitar la prórroga, que finalizó el 6 de septiembre pasado, y tampoco aprovechó la posibilidad de pedir más tiempo para plantear esa solicitud, que expiró el 6 de octubre.
El argumento de la empresa propietaria de Garoña era el elevado coste de las mejoras a realizar para seguir operando, según las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear, que se elevaba a más de 140 millones de euros, aunque sobre todo la incertidumbre sobre la aplicación de nuevas tasas e impuestos, agravada ahora por la tasa que tramita el Parlamento sobre el combustible de la planta.
Eran los últimos pasos de un proceso que comenzó en 2006, cuando Nuclenor inició la tramitación de la solicitud de prórroga de actividad por 10 años para la Central Nuclear de Garoña. En junio de 2009 el Consejo de Seguridad Nuclear avala la continuidad de Garoña hasta 2019 con algunas mejoras aceptadas por la empresa. in embargo, en julio 2009, el Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero emitió una orden ministerial que fijaba el cierre de Garoña en julio de 2013.
La empresa Nuclenor presentó un recurso que fue rechazado por el Tribunal Supremo contra esa orden ministerial. Sin embargo, en julio de este año, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy modificó el decreto de cierre de Garoña en 2013 y concedió a la empresa un plazo hasta el 6 de septiembre para solicitar formalmente la prórroga de actividad de Garoña hasta 2019.
La empresa decidió no presentar la solicitud por motivos económicos y argumentó la misma razón para no presentar un recurso de reposición antes del 6 de octubre de este año, lo que hubiera alargado el plazo para formalizar la solicitud.
Igual que ahora, la empresa argumentó en ambas ocasiones motivos económicos, relacionados con el elevado coste de las inversiones para seguir operando, pero, sobre todo, las nuevas tasas e impuestos que Nuclenor consideran que hacen a Garoña inviable.
