El G-7 presiona para que Berlín acepte la solución a la banca planteada por Rajoy

La teleconferencia de los ministros de Economía y los banqueros centrales del G-7 (EE UU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá) tuvo lugar a instancias del gobierno canadiense, que ocupa la presidencia de ese foro informal en que se sientan los siete países más industrializados del planeta.

Jim Flaherty, ministro canadiense de Economía, no ocultó que la convocatoria respondía, sobre todo, a su "preocupación por Europa" y por el riesgo de que las recientes tensiones en la zona euro desencadenen una ola de pánico generalizada y una gran recesión comparable a la de 2008 y 2009.

La cita no desembocó en un comunicado oficial conjunto. Pero las declaraciones y filtraciones en las siete capitales respectivas dejaron claro la inquietud del G-7 por la infracapitalización de parte del sector financiero europeo, por la ausencia de un fondo de rescate adecuado para solventar esa carencia y por la inestabilidad política y económica en Grecia, que afronta nuevas elecciones el próximo día 17.

La solución a todos esos problemas pasa por Alemania, la principal economía de la zona euro, y fuentes citadas por Reuters indicaron antes de la teleconferencia del G-7 que el encuentro estaba llamado a convertirse en "un aluvión de críticas contra Berlín".

El Gobierno de Angela Merkel sigue siendo el último obstáculo para proceder a una inyección de capital europeo en el sector financiero español, tal y como reclama desde hace semanas el ejecutivo de Mariano Rajoy. Berlín se resiste a reformar el Mecanismo europeo de Estabilidad (MEDE) para permitir esa recapitalización sin necesidad de obligar a España a una intervención total bajo la batuta de la troika (CE, BCE y FMI). La prensa alemana hablaba ayer de una posibilidad intermedia: conceder una línea de liquidez a Madrid reembolsable a corto plazo. Pero con las normas actuales, esa línea también lleva aparejadas condiciones al Estado.

Europa "debe ayudar a los países en dificultades", insistió ayer Rajoy en el Senado. Y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, urgió a las instituciones europeas a zanjar cuanto antes la recapitalización de sector bancario que, en el caso español, no necesita "una cifra excesiva ni dramática, sino asumible".

Montoro lamentó, durante una entrevista en Onda Cero, que Bruselas solo reaccione en el último minuto. "Esperan a ver, no ya las orejas del lobo, sino los colmillos", se quejó el ministro. Y advirtió a sus socios comunitarios que esta vez "está en juego todo el proyecto europeo que se ha levantado desde hace 60 años".

El ministro descartó también un rescate completo de la economía española. "Los hombres de negro no van a venir a España", señaló en alusión a los representantes de la troika que desde 2010 han desembarcado en Atenas, Dublín y Lisboa con su manual, hasta ahora fallido, de ajustes y recortes.

España cuenta ya con el apoyo de la Comisión Europea y de buena parte de los socios, con Francia a la cabeza, para reformar los fondos de rescate y permitir la inyección de capital en la banca. El Gobierno confía en que esa decisión se abra paso en los próximos días y llegue madura a la cumbre europea del 28 y 29 de junio.

Nuevos fondos

Las dificultades de España para recapitalizar su banca han contribuido a impulsar los planes de integración del sector. Hoy mismo, la Comisión Europea tiene previsto aprobar un proyecto de directiva que, por primera vez, armoniza "los instrumentos, principios y procedimientos" que deberán seguir las autoridades nacionales cuando una entidad roce la insolvencia. Entre las medidas propuestas figura la creación de fondos nacionales alimentados por el propio sector, con una contribución que en un plazo de 10 años debería alcanzar una cifra equivalente al 1% de los depósitos cubiertos.

Esos fondos estarán interconectados entre sí con obligación de prestarse mutuamente dinero si hiciera falta. "Es el embrión de un fondo de rescate bancario europeo", señalaron fuentes del departamento de Michael Barnier, comisario europeo de Mercado Interior y responsable de la nueva directiva.

La norma, según la CE, pretende reducir al mínimo la posibilidad de que se utilice de nuevo dinero de los contribuyentes para evitar el colapso del sector financiero. Para ello se obligará también a cada entidad a disponer de una parte de recursos susceptible de ser utilizada para un autorrescate. Tras meses de deliberaciones, el departamento de Barnier ha decidido no concretar en la directiva esa cifra "porque cada banco tiene un perímetro y un perfil de riesgo muy distinto". Pero Bruselas considera que, a juzgar por la experiencia de la actual crisis, en torno al 10% del pasivo debería estar disponible para el rescate interno.

Ese rescate, por tanto, podría imponer pérdidas a los accionistas de la entidad, así como a alguno de sus acreedores. La directiva fija el orden en que se producirá esa participación y solo excluye a los depositantes y a los tenedores de títulos a muy corto plazo (un mes).

El sector teme que esta medida espante a los inversores, por lo que Bruselas propone que no entre en vigor hasta 2018, lo que garantiza que la deuda ya en circulación quedará exenta de esa posibilidad de pérdida.