Según la denuncia presentada por los actuales gestores del Banco de Valencia, intervenida por el Banco de España en 2011, los exdirectivos de la entidad deben responder por la responsabilidad civil que se ha derivado de los delitos de los que se les acusa: estafa, administración desleal y apropiación indebida.
La denuncia se dirige, principalmente, contra el exconsejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra, contra su socio Aurelio Izquierdo y contra el empresario Eugenio Calabuig.
De acuerdo con el escrito, Parra ha intervenido en una serie de operaciones "de dudosa racionalidad económica" al haber obtenido, por vía directa o indirecta, beneficios en perjuicio del patrimonio del Banco de Valencia.
También se ha visto beneficiado, a través de la sociedad Gestor Inversiones Izpa, Aurelio Izquierdo, que fue nombrado consejero delegado de la entidad en sustitución de Parra en octubre de 2011 y, con posterioridad, presidente ejecutivo de la misma.
Algunas de estas operaciones, señala la denuncia, se llevaron a cabo a favor de empresas vinculadas al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.
Estas operaciones tienen que ver con la sociedad de inversiones financiera Agval y con Capital Residencial, en la que han participado de forma relevante, como autores o partícipes, ciertos integrantes de la familia Calabuig.
En este sentido, la familia Calabuig recibió dos créditos del Banco de Valencia por 48 millones de euros, que posteriormente se incrementaron hasta los 54 millones,
En consecuencia, destacan algunas operaciones como la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la adquisición de acciones de la sociedad Costa Bellver o la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial.
Tanto Parra como Izquierdo vendieron sus negocios inmobiliarios a Calabuig, quien acordó en 2008 pagar a Izquierdo y a Parra 12 millones por las sociedades con las que operaron en el litoral valenciano.
Además, el escrito pone de manifiesto el vaciamiento patrimonial al que se ha visto sometida la entidad, que ha recibido 4.500 millones de euros de dinero público y que ha pasado a estar administrada provisionalmente por el FROB.
