La fiscalía ha tomado cartas en el conflicto que mantienen los 43.000 afectados por la comercialización de participaciones preferentes de Novagalicia (NCG) y el banco. Ayer, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, reveló que en la demanda civil colectiva presentada el pasado martes contra la entidad se acusa a esta de "prácticas abusivas" en la venta de estos productos financieros entre particulares. Además, como medida cautelar solicita el depósito de una fianza de 1.108 millones de euros, una cifra que supera incluso el saldo total en circulación que tiene actualmente Novagalicia en preferentes.
Será el juzgado número 11 de La Coruña el que tendrá que dictaminar en los próximos días si admite a trámite la demanda y el que determine la cuantía de la fianza si la considera oportuna. A partir de entonces, el banco tendrá un plazo de 20 días para recurrir.
En la demanda, el fiscal advierte que "un indeterminado número de clientes" de la entidad "no fueron debidamente informados" sobre las características de las participaciones preferentes. Se trata de un producto ilíquido y de carácter perpetuo, por lo que suele estar dirigido a inversores especializados, es decir, institucionales. Carlos Varela añade que en ocasiones las preferentes se vendieron a personas "analfabetas, discapacitadas e incluso menores a través de las figuras de un tutor".
La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto expedientes a 7 de las 18 entidades que vendieron preferentes, aunque no ha facilitado sus nombres. La CNMV considera que se cometieron irregularidades en la venta de la mitad del saldo actual en circulación de preferentes.
El importe atrapado en las preferentes comercializadas por NCG, resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, asciende a un valor nominal de 960 millones de euros.
Fuentes oficiales de NGB aseguran que los actuales gestores de la entidad llevan meses intentando buscar una solución para los afectados, la mayoría clientes de su zona de origen, Galicia. Explican que han planteado diferentes fórmulas, como el canje de estos títulos por otros productos o incluso el arbitraje, pero que se han encontrado con el rechazo de Bruselas. En cualquier caso, explican que de decretarse una fianza, "nunca será de un importe tan elevado" como el solicitado por el fiscal.
Las autoridades comunitarias se oponen a que las entidades que han recibido ayudas públicas, como es el caso de Novagalicia, canjeen las preferentes a un precio que no sea su actual valor de mercado. La mayoría de estas emisiones cotizan, de hecho, a unos precios muy inferiores a los que fueron comercializadas. Bruselas plantea que sea el Estado el que compense a los inversores por las pérdidas, pero insiste en que no se haga a costa de las ayudas comunitarias (el fondo de rescate inyectará hasta un máximo de 100.000 millones) que va a recibir España para sanear su sector financiero.
Una de ellas es Novagalicia, cuyas necesidades adicionales tras los últimos dos reales decretos se estiman en 3.449 millones de euros: 2.709 millones en provisiones y 740 millones de capital. La entidad ya recibió 1.162 millones del primer FROB y otros 2.622 millones del segundo FROB, por lo que el Estado controla algo más del 90% de su capital.
Otras entidades nacionalizadas, como Bankia o Catalunya Caixa, se encuentran en una situación similar a Novagalicia en el tema de las preferentes. Sin ir más lejos, Bankia tiene en circulación una emisión de 3.000 millones, colocada por una de las socias de esta alianza de cajas: Caja Madrid.
Las retribuciones de Catalunya Caixa, bajo la lupa
La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para investigar supuestas irregularidades en las retribuciones percibidas en Catalunya Caixa, con lo que se suma a otros procesos similares puestos en marcha en otras entidades financieras como Novagalicia o ayer mismo Bankia. Estas diligencias, durante las cuales se recibirá y analizará la información solicitada a Catalunya Caixa, tienen una duración predeterminada de seis meses, aunque este plazo puede ser prorrogado en función de la complejidad de la documentación y los testigos citados. Bajo sospecha se encuentra, por ejemplo, el ex director general de la entidad Josep Maria Loza, que según algunas fuentes financieras cobró entre indemnización y pensión unos 10 millones de euros tras abandonar el cargo.
Las elevadas cifras percibidas en algunos casos por ejecutivos de entidades que habían recibido ayudas públicas llevaron el pasado febrero al Gobierno a limitar los sueldos hasta un máximo de 600.000 euros en el caso de las que habían recibido dinero público y de 300.000 euros de las nacionalizadas. Es el caso de Catalunya Caixa. Su actual presidente ejecutivo, Adolf Todó, tuvo que ajustarse a estos límites, ya que percibió en 2011 un total de 1,55 millones de euros, mientras que el director general, Jaume Masana, cobró en este periodo 866.000 euros. El primero cuenta con un blindaje de 2,44 millones y el segundo de 1,83 millones. En un comunicado, la entidad afirmó ayer que "su alta dirección se pone a disposición de la fiscalía, con total transparencia, a los efectos de aclarar cualquier duda" sobre la retribución de sus directivos.
