El Estado, mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se ha convertido en el primer banquero español, ya que las cuatro entidades que están bajo su control, BFA-Bankia, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y NovaGalicia, constituyen un gigante bancario de más de 467.000 millones en activos.
Esta cantidad es superior a los 342.000 millones de activos que tiene CaixaBank -con Banca Cívica- y a los 338.000 que sumaba en el primer trimestre del año todo el negocio del Banco Santander en el país.
También es una cifra mayor que los más de 298.000 millones de BBVA tenía en España en el primer trimestre del año -sin Unnim-.
Esta semana, Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, anunciaba que el Estado, mediante el FROB, se hacía con el cien por ciento de la entidad, con lo que las siete cajas fundadoras del grupo -Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja- se quedaban fuera del accionariado.
BFA-Bankia, la cuarta mayor entidad del sistema financiero español, que tiene activos por valor de 305.000 millones de euros, pasaba a estar bajo el control estatal, que ya tiene en tutela al Banco de Valencia, CatalunyaCaixa y NovaGalicia.
Estas tres entidades estaban pendientes de ser subastadas, aunque el Estado, tras solicitar la ayuda europea de hasta 100.000 millones para sanear el sistema financiero, decidía el pasado 21 de junio aplazar las pujas "temporalmente".
El FROB explicaba que estas subastas se retrasarán hasta que se concrete el proceso de valoración de las necesidades de capital de la banca española y la ayuda del Eurogrupo.
Hasta que se produzcan dichas subastas, el FROB "continuará comprometido con la viabilidad de las entidades bajo su control", según ha resaltado el Fondo.
Por tanto, hasta que se desprenda de las cuatro entidades nacionalizadas, el Estado será el primer banquero español.
Ante esta situación, muchos sectores de la sociedad abogan porque se cree un gran banco público que aglutine estas entidades nacionalizadas.
Una idea que incluso barajaba hace unos meses el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, después de aprobar la segunda reforma financiera que exigía nuevos saneamientos a la banca.
Y es que tras la imposición de estos nuevos requerimientos, el interés que existía en el sector por estas entidades parecía haberse esfumado, lo que obligaba al Gobierno a buscar nuevas alternativas.
Además, a esto hay que añadir la cuantiosa factura que suponía para el Estado la adjudicación de las entidades nacionalizadas.
En anteriores subastas, como la de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) o Unnim, el Estado daba la posibilidad de que la entidad compradora pudiera favorecerse de un Esquema de Protección de Activos, que le cubría ante posibles pérdidas futuras de la nacionalizada.
Ahora, tras la concesión de la ayuda europea a la banca, todas las posibilidades quedan en el aire.
Esta ayuda, según han aprobado los líderes de la zona del euro esta semana, se concederá de forma directa a la banca y se canalizará mediante el Fondo Europeo de Estabilidad (FEEF), en tanto que será transferido al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) cuando éste entre en vigor. Además, esta ayuda no repercutirá en el déficit.
Tras la nacionalización de estas entidades, el Estado no solo se ha convertido en un gran banquero, también en un gran accionista, ya que como consecuencia controla las participaciones que tienen estas entidades en otras compañías.
Solo en el caso de BFA-Bankia, el Estado ha pasado a ser accionista de Mapfre, Indra, Iberdrola, IAG, NH Hoteles, Realia o Metrovacesa.
