Como si se tratara de un malabarista, España debe pasar de una mano a otra sus emisiones de deuda. Una labor más difícil por el hecho de que se encuentra montada sobre un monociclo en un cable suspendido a 20 metros sobre el suelo. Este símil circense refleja la realidad que vive la economía española. Los vencimientos de deuda pública y privada se agolpan y hay que renovarlos, pero todo el proceso se sostiene sobre las arcas públicas, cuya solvencia genera desconfianza entre los mercados mayoristas internacionales.
El Banco Central Europeo (BCE), guardián de la divisa única, muestra abiertamente sus dudas de que el país logre refinanciar sus compromisos de deuda. El Estado español, los grandes bancos nacionales y las principales empresas han de renovar 140.948 millones de euros en lo que resta de año y otros 240.223 millones el próximo ejercicio. Es decir, deben dar salida a una bola de 381.171 millones en apenas 17 meses, según datos recabados por Bloomberg.
El 26 de julio, Mario Draghi pareció estar dispuesto a auxiliar a países como España e Italia. Sus palabras fueron claras: "El BCE hará lo que sea necesario para salvar el euro y, créanme, será suficiente". Pero el pasado jueves, el presidente del banco central dio un giro coperni no a su discurso al que dotó de un fuerte acento alemán al sostener que, a cambio de su apoyo, los países en apuros deben reclamar oficialmente el rescate del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, se resiste a dar el paso porque supone situar el país bajo un protectorado económico europeo.
La parte del león de los vencimientos que tiene España corresponde a deuda pública. La Administración central debe refinanciar 62.731 millones para los próximos cinco meses y otros 117.740 millones en 2013. A este importe se deben sumar los 4.000 millones que aportará al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y los 30.000 millones en nuevas emisiones derivadas del déficit público previsto para este ejercicio.
Las comunidades autónomas, por su parte, han de hacer frente a 5.358 millones en lo que resta de año y 12.867 millones el próximo. Por su parte, el ayuntamiento de Madrid y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria suman juntos otros 454 millones de deuda por refinanciar hasta 2013. En total, los vencimientos de la Administración pública alcanzan 233.150 millones. Y las perspectivas son negativas.
Aunque el Tesoro logró sacar adelante una emisión de bonos a diversos plazos la semana pasada, los títulos a 10 años se pagaron al 6,706%, el nivel más alto del ejercicio. José María Valle, del departamento de estrategia de Ahorro Corporación, recuerda que "el Tesoro debe colocar en el mercado primario un promedio de 5.000 millones de euros por subasta, frente a los 2.000 o 3.000 millones realizados desde abril". El entorno de aversión al riesgo y la dificultad para alargar los plazos de las emisiones "mantendrán la presión sobre la deuda española y podrían poner en duda la capacidad del Tesoro para cubrir sus necesidades hasta fin de año, a no ser que se active algún tipo de ayuda externa".
Tampoco es sencillo el panorama de los bancos, que canalizan la deuda de familias y pymes. Los 13 principales grupos bancarios del país deben renegociar 37.818 millones de euros, según Bloomberg. Desde que estalló la crisis de liquidez en 2008, han tratado de reducir sus necesidades de liquidez mayoristas colocando depósitos y pagarés entre sus clientes. Pero la realidad es que solo Santander y BBVA han accedido a los mercados desde primavera. Para respaldar a la banca, el BCE ha dispuesto ventanillas de liquidez a tres años (LTRO). Este apoyo vence en 2015 pero podría extenderse. A ojos de Carmen Muñoz, experta en banca de Fitch, "es posible que el BCE prorrogue la financiación a largo plazo mientras los mercados no se estabilicen".
El tercer gran emisor de deuda en España son las grandes empresas, pero sus necesidades de financiación son manejables. Como explica Borja Monforte, del área de empresas de suministros de Fitch, "las principales firmas españolas han sido muy activas en la gestión de liquidez y han ampliado su colchón para afrontar posibles eventualidades de mercado".
El cerrojazo del mercado obliga a las regiones a reclamar apoyo estatal
Uno no puede vivir por encima de sus posibilidades. Ese es el gran problema que tiene España. La caída de la actividad económica conlleva un desplome de los ingresos fiscales. Por eso, afirma el Gobierno, toca realizar un ajuste en los patrones de gasto público. Así lo dijo el viernes Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. España debe ajustarse el cinturón si quiere financiarse a precios y plazos razonables y evitar verse sepultada por los intereses de la deuda
El ingrato programa de recortes afecta a toda Administración. Sin embargo, Cataluña y Andalucía -de signo distinto al del Gobierno central- se muestran renuentes a pasar por el aro.
"Las comunidades autónomas tienen imposible emitir. Por eso el fondo de liquidez autonómica ha sido dotado con suficiente dinero para atender sus vencimientos para este año y 2013", explica Jesús de Blas, analista de Mercagentes Crédit Agricole. "Lo lógico es que las regiones acudan a este mecanismo y que les pongan condiciones. El que presta es el que manda".
En el pasado, algunas regiones recurrieron a los bonos patrióticos para lograr liquidez. Pero esta vía se ha secado. Como recuerda De Blas, "el pequeño inversor ha salido escaldado por casos como las preferentes de los bancos. Sabe que existe un riesgo y no se abalanza a comprar".
