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La CNMV y el Banco de España vigilarán cómo se filtran las reclamaciones

Los dueños de preferentes de Caja España también podrán ir al arbitraje

La CNMV y el Banco de España vigilarán cómo se hacen los arbitrajes de las preferentes de los bancos rescatados. NCG Banco y Catalunya Banc ya tienen estos procedimientos en marcha. Bankia ultima el suyo y el objetivo es que también los particulares de Caja España Duero tengan acceso a esta fórmula.

Elvira Rodríguez, en su toma de posesión como presidenta de la CNMV
Elvira Rodríguez, en su toma de posesión como presidenta de la CNMV

El estallido del escándalo de las preferentes ya ha tenido una reacción política. El Ministerio de Economía y el PSOE crearán una comisión que certifique que los arbitrajes de participaciones preferentes son justos.

Según un borrador del acuerdo, la principal misión de la comisión será la de fijar y supervisar "los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor utilizados en el proceso de filtro de solicitudes". La comisión estará capitaneada por la CNMV y el Banco de España, aunque serán las consultoras externas las que decidirán en última instancia si el banco se somete o no al arbitraje.

Bankia ya ha contratado a KPMG para que le filtre los casos susceptibles de arbitraje pero aún no ha comenzado el proceso. Novagalicia, que utiliza a PwC, dio el pistoletazo de salida a esta fórmula de reclamación el pasado julio y a finales de 2012 había devuelto 208 millones de los 903 que vendió. Por su parte, los arbitrajes en Catalunya Banc, que ha contratado a Ernst & Young comenzaron en noviembre.

Los cerca de 5.000 millones de euros en híbridos (deuda subordinada con vencimiento y también eterna, y participaciones preferentes) vendidos por las cajas que forman BFA-Bankia han requerido la atención de la alta política.

En la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ya se conoce que antes de finales de marzo los particulares recibirán acciones con las quitas correspondientes: del 46% para la deuda subordinada perpetua; del 39% para las preferentes (con 3.124 millones en circulación y unos 80.000 dueños); y del 14% para los bonos subordinados con fecha de vencimiento. Eso sí, antes de acudir al arbitraje deberán canjear sí o sí por títulos de renta variable.

Gobierno y oposición abren ahora la puerta a que los dueños de híbridos de otras entidades con ayudas sigan con esta fórmula. El objetivo es que los clientes obtengan justicia sin tener que pasar por los tribunales. En teoría, los bancos son Liberbank, Caja3, BMN y Ceiss, nacido este último de la fusión de Caja España y Caja Duero. Entre todos, han recibido 1.865 millones de euros del fondo de rescate europeo.

Pero BMN ya no tiene híbridos en manos de particulares. Canjeó 938 millones de preferentes por depósitos y otros 1.041 en deuda subordinada por depósitos. Es decir, prácticamente el 100%. Le quedan unos 400 millones en híbridos vendidos a grandes inversores, que no son susceptibles de ir a arbitraje. Tampoco Caja3 tiene híbridos en manos de pequeños inversores, pues canjeó deuda subordinada de Caja Badajoz y de Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón (CAI) por 288 millones.

Banco Ceiss, mientras, tiene unos 1.000 millones de euros en híbridos (412 millones en preferentes de particulares). Liberbank, por su parte, dispone de 178 millones de euros en preferentes de minoristas y cerca de 350 en deuda subordinada. Estas dos entidades trataron de dar salida a estos activos y canjearlos por depósitos en junio pero Bruselas no se lo permitió. Los clientes de Ceiss podrán ir al arbitraje si consideran que sufrieron una venta defectuosa. Liberbank negocia una solución alternativa a la del canje por acciones para los particulares.

Los clientes podrán elegir el árbitro

El objetivo es que los particulares "puedan, como regla general, elegir sede de arbitraje próxima a su domicilio, sin perjuicio de que en determinadas inversiones de elevada cuantía puedan someterse a reglas específicas de la competencia". Los organismos encargados de los arbitrajes de NCG Banco y Catalunya Banc son el Instuto Gallego de Consumo y la Agencia Catalana de Consumo, respectivamente.

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