Cada despido de las cajas cuesta 350.000 euros

El sector de las cajas de ahorros empleaba a finales de 2010 a 128.112 personas, 6.674 menos que dos años antes. Pero el proceso de reestructuración está lejos de concluir, y los 12 expedientes de regulación de empleo aprobados hasta ahora por Trabajo sitúan el recorte global sobre los 13.000 puestos.

Hasta nueve entidades han solicitado dinero al FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por un total de 11.559 millones de euros. A cambio, se han comprometido ante el Banco de España a rebajar en un 15% el exceso de capacidad instalada, tanto respecto al número de oficinas como al de empleados. Ello implica un tijeretazo de 2.380 sucursales y de 12.640 empleos.

Prácticamente la mitad del ajuste de plantilla se concentra en dos entidades: Bankia, capitaneada por Cajamadrid y Bancaja, tiene previsto recortar 3.756 empleos y cerrar 300 oficinas. Más de 2.000 puestos de trabajo recortará Banco Base, seguido de CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banca Cívica, todas ellas con ajustes superiores a los 1.000 puestos de trabajo.

Las prejubilaciones representarán la principal factura a pagar por el sector en su proceso de reestructuración. Según cálculos del bufete Sagardoy Abogados, que ha asesorado a varias cajas en sus negociaciones con los sindicatos, el coste medio por cada trabajador despedido o prejubilado supera ligeramente los 300.000 euros. La factura es elevada, porque en los casos más habituales los empleados prejubilados acumulan largas carreras profesionales dentro de la misma caja, y sus nóminas son altas en el momento de la salida de la entidad.

A la factura directa a cargo de las entidades financieras debe sumarse el coste para la Seguridad Social de los cerca de 13.000 despidos y prejubilaciones. Según un informe del Ministerio de Trabajo publicado por El País, el gasto medio por persona, en concepto de prestación por desempleo, alcanzará los 53.688 euros, lo que llevará la factura para las arcas públicas hasta los 700 millones de euros.

Si se suman esas cifras a los costes de las indemnizaciones citados más arriba, se concluye que cada uno de los 13.000 puestos de trabajo suprimidos costará alrededor de 350.000 euros (casi 60 millones de las antiguas pesetas), y la factura global para las cajas y el erario público rondará los 4.600 millones de euros.