El informe que un grupo de jueces remitió hace unos días al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denunciando que el tratamiento de las deudas hipotecarias -basado en un "proceso judicial extremadamente agresivo" que data de 1909- esta multiplicando los desahucios y conduciendo "inexorablemente a la exclusión social de las familias", ha devuelto el foco público al drama de los desalojos.
El documento, que señala que, en parte, "la mala praxis de las entidades bancarias" ha derivado en 350.000 ejecuciones hipotecarias durante la crisis, no fue asumido por el CGPJ. Lejos de ahogar la polémica, el tema se ha colado en la agenda de la reunión anual de los jueces decanos, que aúna a 50 de ellos desde el próximo lunes 5 al miércoles 7 de noviembre en Barcelona. Una cita, inicialmente centrada en la reforma del poder judicial impulsada por el Ejecutivo, que promete elevar la presión social para proteger a los afectados por los desahucios.
"Consideramos que la legislación actual concede enormes privilegios procesales a las entidades bancarias en perjuicio de los ciudadanos y eso provoca una indefensión importante y posibilita abusos. Pedimos una legislación más igualitaria", expone el portavoz de la Asociación de jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.
"Creemos que la cantidad tan importante de desalojos producidos, varios cientos de miles, demuestran que estamos ante un problema social de dimensiones muy importantes y que se deben tomar medidas paliativas con carácter urgente porque hemos alcanzado la máxima cifra de desahucios: 500 desalojos diarios", añade.
"Hay que iniciar una serie de reformas legislativas y tratar el sobreendeudamiento de las personas físicas", coincide Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza y portavoz del Foro Judicial Independiente. La propuesta, desarrolla Bosch, es "crear una ley para que, al igual que ocurre con las personas jurídicas, los jueces puedan adoptar quitas parciales o aplazamientos sobre la deuda hipotecaria".
Son medidas, "que están justificadas porque la sociedad ha hecho un importante esfuerzo económico para rescatar a las entidades bancarias", defiende el juez. Argumentos que, en mayor o menor medida, comparten los miembros de las cuatro grandes asociaciones de jueces, tanto conservadoras como progresistas.
"Tanto los jueces como los fiscales están sumamente preocupados por la situación de muchísimos ciudadanos que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y de angustia económica", declaraba esta semana la portavoz CGPJ, Gabriela Bravo, recogiendo el guante de los magistrados.
Los ecos del debate han llegado al Congreso de los Diputados que han constatado que las iniciativas aprobadas hasta la fecha, principalmente el código de buenas prácticas para la banca (ver despiece), no han surtido efecto y que el número de desalojos ha aumentado un 20,6% este año, según los jueces. El jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó el miércoles al presidente del Gobierno que tenga en cuenta iniciativas como sus propuestas para suavizar el cobro de deudas hipotecarias.
"Estamos viendo hechos verdaderamente dramáticos. Hemos adoptado medidas en su día y estamos estudiando sus efectos, pero no descartamos adoptar más medidas", anunció por su parte Mariano Rajoy.
Mientras crecen las iniciativas ciudadanas para paralizar los desalojos -con plataformas como "Stop desahucios", o grupos de afectados acampados en protesta frente a sus entidades- la banca asevera que hace todo lo posible por evitar las ejecuciones hipotecarias y que para el sector "siempre es mejor un mal acuerdo". "Lo último que quiere la gente de las oficinas es ver cómo las personas se quedan sin vivienda", defendió el jueves el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, que consideró innecesaria la aprobación de nuevas leyes que protejan más al deudor hipotecario.
El fiasco del código de buenas prácticas bancario
A fin de mitigar el problema de los desahucios, Economía promovió la pasada primavera un código de buenas prácticas para la banca que obliga a sus firmantes a suavizar las ejecuciones hipotecarias para las familias en el umbral de exclusión social. Esto es, aquellas que, con todos sus miembros en paro y cuya cuota hipotecaria sea superior al 60%_del conjunto de sus rentas, carezcan de otros bienes o avalistas con los que hacer frente al préstamo por la compra de su única vivienda, siempre que esta no exceda los 200.000 euros si está en una gran ciudad, o los 120.000 en poblaciones de menos de 500.000 habitantes. Pese a que el reglamento ha sido suscrito por la práctica totalidad del sector, los jueces consideran que la norma "no ha alcanzado el resultado perseguido, fundamentalmente por las estrictas condiciones" exigidas para ampararse en ella. Su informe destaca que la aplicación es "meramente testimonial" (datos preliminares citados por El Mundo apuntan a que el código solo ha evitado 600 desahucios) en un ejercicio que se encamina a culminar con 100.000 desalojos. Entre otras propuestas, los magistrados plantean que en los casos de deudores hipotecarios "de buena fe" demostrada (para evitar abusos de esta parte) se "flexibilicen" los umbrales en los que se aplica el código tanto para la vivienda habitual como para los locales de negocio. También reclaman la "atribución de facultades al juez para que pueda acordar moratorias", la "modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria", el uso de tasadores independientes y un alza del precio al que el banco se queda la vivienda embargada (hoy en el 60%_de su valor) o la "regulación imperativa" de la dación en pago -entrega de la vivienda para saldar la deuda- en ciertos casos.
