El anuncio del Alto Tribunal germano, cuyo presidente, Andreas Vokuhle, ya anticipó la semana pasada que la institución podría optar por una "revisión exhaustiva" de estas herramientas, lo que podría llevar "hasta tres meses", retrasará al menos hasta septiembre la entrada en funcionamiento del MEDE, que inicialmente estaba previsto que funcionaría desde julio.
Este mecanismo permanente de rescate dotado con medio billón de euros necesita ser ratificado por al menos el 90% de sus participantes para entrar en vigor, por lo que no podrá estar operativo antes de que Alemania se pronuncie al respecto.
El Constitucional germano analiza las reclamaciones para que se apliquen medidas cautelares presentadas por distintas agrupaciones sociales, euroescépticos y el partido La Izquierda que denuncian que la adhesión a estos tratados supone una cesión de soberanía que exigiría la revisión del texto constitucional al debilitar la capacidad de supervisión del Parlamento alemán respecto al dinero de los contribuyentes germanos.
El Alto Tribunal germano celebró una audiencia al respecto el martes pasado, en la que se preveía que dictaría sentencia sobre estas medidas cautelares, aunque la Corte decidió examinar en detalle estas reclamaciones, puesto que su decisión sobre las medidas cautelares equivaldría en la práctica a una decisión definitiva.
De hecho, si el Constitucional rechaza adoptar medidas cautelares, permitiendo así al presidente de Alemania promulgar en leyes los proyectos aprobados por el Parlamento el 29 de junio, que ya no podrían ser revocados, incluso si el Tribunal decidiera meses después que las leyes son inconstitucionales, ya que el MEDE y el pacto fiscal son parte de los tratados internacionales, por lo que una vez ratificados, Alemania quedaría obligada por el derecho internacional.
