Cinco comunidades no han adaptado sus normas a la ley estatal de cajas para despolitizar el sector

No solo las cajas de ahorros tienen que hacer sus deberes para despolitizar sus órganos de gobierno y traspasar sus activos financieros a un banco. También los Gobiernos autonómicos tienen que cumplir con sus obligaciones en materia de cajas.

Las cajas de ahorros tienen que reducir y profesionalizar sus consejos de administración (ver Cinco Días de hoy), pero antes las comunidades autónomas deben adaptar sus leyes en materia de cajas a la normativa estatal.

Los Gobiernos regionales tenían seis meses para adaptar sus normas al real decreto desde su entrada en vigor en julio, fecha que cumplió en enero. Las cajas, por su parte, contaban con un periodo más dilatado, ocho meses, es decir, hasta marzo, explican fuentes del sector. Aunque estas entidades están supeditadas a lo que establezcan la legislación de su región de origen.

Hasta la fecha, la mayoría de las Comunidades Autónomas han aprobado ya sus respectivas leyes sectoriales para impulsar la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas y reducir considerablemente el número de representantes de sus consejos y asambleas.

La última ha sido la Generalitat valenciana, que lo hizo la semana pasada, y decidió reducir drásticamente el número de consejeros generales de la asamblea de las cajas de la región para situarlos en 100. Además, y como recomienda la norma general, se exigen nuevos requisitos para acceder al cargo de consejero. La nueva norma afecta sobre todo a Bancaja y CAM. También a Caixa Ontiyente.

Pero no todas las regiones están cumpliendo los plazos. Según varias fuentes jurídicas del sector, 11 Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Madrid han aprobado ya normas para adaptarse al Real Decreto de julio de 2010.

Aunque siempre hay rezagadas. Galicia ha adaptado la norma parcialmente, mientras que en Baleares está en trámite. En el País Vasco, por su parte, tiene sus propios plazos al incluir esta norma en sus Presupuestos Generales. Navarra, mientras, al ser una comunidad aforada tiene sus propias normas y tiempos.

Solo Castilla La Mancha y Murcia no han iniciado los trámites para la adaptación de esta norma. En Castilla La Mancha es lógico. Esta región ha contado tradicionalmente con dos cajas, CCM y Caja Guadalajara. Pero fue la primera autonomía que se quedó sin cajas, ya que CCM fue intervenida en 2009 y ahora es un banco propiedad de Cajastur, mientras que Caja Guadalajara fue absorbida por Cajasol.

Bajo la órbita de Murcia opera Cajamurcia. La entidad presidida por Carlos Egea está inmersa, como prácticamente todo el sector, en su integración en un SIP que encabeza, y cuya asamblea aprobó ya el lunes pasado traspasar sus activos financieros a un banco, BMN. Este banco, integrado por Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada, ha sido uno de los primeros en constituir un consejo de profesionales, ya que sus miembros son en su mayoria directivos de las cuatro cajas que forman la alianza.