Al término de la investigación, el regulador del mercado bursátil ha informado, por primera vez en su historia, que existen "indicios constitutivos de manipulación del mercado" y que serán trasladados a la Fiscalía ya que constituyen un delito.

La historia se remonta a los días 12 y 13 de junio de este año, cuando la sociedad Blueprime comunicó a la CNMV su intención de adquirir un 20% del capital de Banco Popular, el tercer banco español, para lo cual sería necesario lanzar una opa y se podría convertir en el primer accionista de la entidad, por delante de la Sindicatura del banco. La sociedad, con domicilio fiscal en Londres aseguraba operar por mandato de un grupo de inversores mexicanos, que nunca llegaron a darse a conocer a pesar de ser requerido por parte de la CNMV y del Banco de España.

El anuncio correspondía con la intención del empresario Trinitario Casanova, propietario del Grupo Hispania, de poner a la venta su 3,5% del capital de la entidad financiera presidida por Ángel Ron, y al comunicado de que Casanova estaba en conversaciones para la venta de su paquete a Blueprime.

De hecho, Blueprime llegó a ofrecer 14,2 euros por acción a Casanova, lo que suponía una prima del 51% sobre el precio de la cotización del Popular en ese momento.

Al final, la historia del supuesto interés por parte de un grupo de inversores mexicanos en Popular se desvaneció por si misma. Casanova reconoció que no controlaba más que un 2,098%, porque el resto de las acciones estaban pignoradas, y el despacho de abogados que asesoraba a Blueprime en la operación anunció que ya no era su representante legal. Y todo quedó en un calentón y después desinfle de la cotización del banco.

Poco después, el organismo presidido por Julio Segura elaboraba una lista de operaciones sospechosas de manipulación del mercado donde instaba a las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito a disponer del personal y medios necesarios para identificarlas.