La prohibición fue adoptada el 23 de julio y estaba en vigor hasta el próximo martes 23.
La CNMV ha anunciado hoy en un comunicado su intención de prorrogarla una semana, hasta el 31 de octubre, y de iniciar inmediatamente los trámites para imponer las restricciones sobre las ventas de valores durante otros tres meses, hasta finales de enero.
El supervisor bursátil español ya había prohibido las posiciones cortas entre agosto de 2011 y febrero de 2012 de acuerdo con Francia, Italia y Bélgica, aunque en aquella ocasión la veda afectaba sólo a los valores del sector financiero.
Ahora, España se convierte en el único país de la zona del euro que mantiene la prohibición, pues Italia la levantó el 14 de septiembre pasado.
La CNMV -dirigida desde hace dos semanas por Elvira Rodríguez- considera que las incertidumbres que genera la reestructuración financiera recomiendan poner freno a esta práctica especulativa, que afecta fundamentalmente a la banca.
Las ventas en corto o apuestas a la baja consisten en tomar prestadas acciones para venderlas en el mercado con la esperanza de que su precio caiga, momento en que los títulos se recompran más baratos y se devuelven a su propietario, obteniendo como ganancia la diferencia entre el precio de venta y el de recompra posterior.
En este contexto, dice en un comunicado la CNMV, "el levantamiento de la prohibición de realizar operaciones de venta en corto añadiría incertidumbre a través de su probable impacto en el mercado".
La finalización del proceso de reestructuración financiera "se considera absolutamente necesaria para asegurar la estabilidad del sistema financiero y del mercado de capitales español".
El organismo supervisor también cree que en la actualidad "persisten determinados hechos o circunstancias que motivaron el acuerdo del pasado mes de julio que podrían amenazar la integridad de los mercados financieros españoles".
Dado que el 1 de noviembre entra en vigor una nueva normativa europea, la CNMV ha decidido prorrogar hasta entonces la prohibición actual, e iniciar los trámites para imponer unos límites similares tres meses más, al amparo del nuevo reglamento europeo.
