Las cajas acumulan más de 5.000 personas en sus órganos de control

Las cajas de ahorros han sido la principal víctima de la crisis en el sector bancario español. Tres han sido intervenidas, tres nacionalizadas y otras 21 han recibido préstamos públicos de urgencia. En los últimos años, el sector ha racionalizado su sobredimensionada estructura -con ajustes del 10% en plantilla y red de oficinas-, pero no ha hecho lo propio con sus órganos de gobierno que, lejos de menguar, se han multiplicado.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insiste con frecuencia en que el número de cajas ha pasado de 45 a 15 en poco más de un año. La afirmación es cierta, aunque matizable. Las 24 entidades que ahora forman parte de grupos de cajas (Bankia, Banca Cívica, BMN, Liberbank o Caja3) no han desaparecido, sino que se han convertido en accionistas de conglomerados de mayor dimensión.

Durante el pasado ejercicio, hasta 35 entidades de ahorro seguían operando, con sus correspondientes asambleas, consejos de administración, comisiones de control, comisiones ejecutivas, comisiones de inversiones, comisiones de retribuciones... Con un agravante, y es que con los nuevos grupos, estos órganos de gobierno se han duplicado, y hasta triplicado. Así, Rodrigo Rato es presidente de Caja Madrid, al tiempo que es presidente de Banco Financiero y de Ahorros (BFA, el vehículo al que han trasladado todos sus activos las siete cajas fusionadas), al tiempo que es presidente de Bankia, la filial bursátil de BFA... Tres niveles burocráticos, con su hiperinflación de comités y comisiones.

Las cifras agregadas de los órganos de gobierno de las cajas son mareantes. 35 asambleas generales, integradas por un total de 5.167 consejeros generales (denominación que reciben los miembros de las asambleas), que se reunieron hasta 107 veces durante el pasado ejercicio, según se desprende de las memorias de responsabilidad corporativa.

Dietas generosas

El nivel de asistencia a las reuniones de las asambleas (tres, de media, durante 2010) fue notable: un 91% de presencia física. Este compromiso se explica por las importantes decisiones que tenían que votar: procesos de fusión, segregación de activos a filiales bancarias... Pero también por los incentivos previstos por las cajas. Por cada asistencia a la asamblea, cada consejero general cobró entre 300 y 1.500 euros en concepto de dieta, sin incluir los gastos de transporte y alojamiento para aquellos que acudían al evento desde otra ciudad. Además, es habitual que se gratifique a los asistentes con algún tipo de presente: una cámara de fotos digital, una memoria externa o un libro de pintura flamenca en el XVI. "Hay muchos que acuden tan solo para coger el sobre y el regalo", reconoce un consejero de una caja castellanoleonesa. "En cuanto tienen el dinero, se van a gastarlo a El Corte Inglés".

Aunque no hay datos agregados, de acuerdo con las estimaciones de más de una decena de consejeros generales de diversas entidades, los gastos totales para remunerar a los miembros de las 35 asambleas pudieron rondar los 10 millones de euros el pasado ejercicio. Además, las dietas abonadas a consejos de administración y comisiones de control, de inversiones y de retribuciones ascendió a 15,6 millones de euros. Los más de 25 millones de la suma es una cantidad considerable teniendo en cuenta el exiguo nivel de responsabilidad que recae sobre los integrantes de las asambleas y algunos consejos.

Los miembros de las asambleas son designados por administraciones públicas, con lo que suele haber un buen número de alcaldes, concejales y diputados autonómicos, que acuden al evento a bordo de sus coches oficiales. También hay una parte designada por los representantes de los trabajadores, así como empresarios de la correspondiente región.

El problema del sobrepeso de la arquitectura de gobernanza del sector de cajas ya ha comenzado a ser denunciado. La semana pasada, el secretario general de Comfia-CC OO (sindicato mayoritario en el sector financiero), José María Martínez, argumentaba que las cargas asociadas a la reestructuración del sector deben ser soportadas por todos los estamentos de las entidades, desde el personal a la dirección, pasando también por los órganos de gobierno.

También desde UGT se ha pedido aligerar la estructura de gobernanza. José Miguel Villa, secretario general de la federación de servicios del sindicato y miembro de la asamblea general de Caja Madrid, explica que ha expresado públicamente su opinión al respecto durante la asamblea de la caja. "He pedido reducir el número de órganos de gobierno y tender hacia un modelo de fundaciones. No tienen sentido tanto organigrama".

Hasta el momento, se han adoptado muy pocas medidas para corregir las duplicidades y los excesos en el gobierno de las cajas. La reforma de la ley de órganos rectores de las cajas de ahorros (Lorca), aprobada en julio de 2010, estipula que el número máximo de miembros de las asambleas será de 160. Actualmente, la media es de 153 integrantes, pero hay cajas que rozan los 350 miembros. La nueva normativa también prevé que los consejos de administración no estén integrados por más de 17 personas y que la comisión de retribuciones no supere los siete miembros.

Algunas comunidades autónomas también han empezado a aprobar normativas al respecto. El gobierno de la Comunidad Valenciana promovió un decreto hace seis meses para fijar en 200 personas el número máximo de miembros de las asambleas de cajas grandes. La normativa, que también contempla que el consejo de administración no sobrepase los 20 miembros, tan solo rige para Bancaja, ya que Caja Mediterráneo (CAM) fue intervenida en julio. También la Generalitat de Cataluña ha tomado medidas, aunque muy limitadas. La semana pasada, el Ejecutivo encabezado por Artur Mas decidió restringir las cantidades que estas entidades podrán destinar a dietas y desplazamientos de sus consejeros y directivos al 2% del presupuesto de ingresos de su obra social. A su juicio, la decisión final recae sobre las comunidades autónomas, que tienen competencias al respecto. La orden afecta a las entidades que hayan recibido ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o que formen parte en un Sistema Institucional de Protección (SIP).

El director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez, reconocía el viernes pasado a CincoDías que el sector también es favorable a eliminar duplicidades en órganos de gobierno. "Es importante que 'stakeholders', como los sindicatos, tomen la iniciativa para pedir reformas".

José María Martínez, de CC OO, se refirió la semana pasada a Bankia, sin citarlo, como el caso con mayor sobredimensión del sector. "Un grupo que tiene siete cajas, con siete asambleas, con varias reuniones al año, tiene que pagar muchas dietas". Las siete cajas agrupadas bajo el paraguas de Bankia celebraron durante 2010 un total de 23 asambleas. Tan solo Caja Madrid celebró cinco. Teniendo en cuenta que la entidad pagó 1.000 euros brutos en dietas a cada uno de los 343 miembros de la asamblea, el gasto total para remunerar a estos consejeros generales ascendió a 1,7 millones de euros. Esta factura no incluye el coste del alquiler de las instalaciones del recinto ferial de Madrid, donde se celebran las asambleas, ni el desembolso en regalos, ni las facturas de desplazamiento para los consejeros generales que acudieron desde fuera de la capital.

A las siete asambleas hay que agregar siete consejos de administración (con 119 consejeros), siete comisiones de control, siete comisiones de retribuciones, siete comisiones de inversiones. En total, todos estos organismos supusieron un gasto de 4,6 millones de euros.

Sin embargo, esta profusión orgánica no sirvió para que saltaran las alarmas ante la deteriorada situación de Banco de Valencia, una de las participadas del grupo, que ha terminado por ser intervenida, tras ser detectado un déficit de capital de 560 millones de euros.