Nadie lo diría a juzgar por la aparente indiferencia con la que el ministro de Economía, Luis de Guindos, describía ayer las condiciones del rescate de la banca española pactado en la madrugada del lunes al martes en Bruselas. Pero la lectura del memorándum que detalla esas condiciones anuncia una urgente transformación del mapa financiero español y de su modelo de supervisión, con plazos muy perentorios y medidas sin escapatoria.
Las 20 páginas del memorándum conceden apenas un mes (hasta principios de octubre) para que las entidades financieras que no superen una prueba de estrés a mediados de septiembre presenten sus planes de recapitalización. Pero la Comisión Europea exigirá la desaparición "ordenada" de las entidades que no consigan demostrar su viabilidad.
La prueba será especialmente dura para las firmas que ya son propiedad del FROB (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia) y para las que no puedan afrontar por sí solas la necesidad de capital que resulte del test de estrés y la profunda auditoría a los que se someterá al sector. En esos casos, no podrán recibir ayuda del fondo de rescate europeo mientras no presenten un plan de reestructuración (con probable cierre de oficinas y reducción de plantilla) aprobado por Bruselas, que también abre la puerta a la desaparición de las entidades inviables. Además, les prohíbe el reparto de dividendo.
Las entidades con déficit de capital pero con capacidad de captarlo por sí mismas recibirán un trato más benévolo, pues podrán emitir bonos contingentes convertibles (cocos), financiados con recursos del fondo de rescate a través del FROB.
Con todo, el memorándum reconoce que el plan puede afrontar desafíos imprevistos, en particular en el contexto actual de "dificultades en la financiación de los Estados y acceso extremadamente limitado por parte de algunos bancos a la financiación exterior". "En estas condiciones", señala el documento pactado por el Eurogrupo, "la disponibilidad de una partida que pueda movilizarse en caso de emergencia para cubrir los costes de una inesperada intervención que contribuya a recuperar la confianza".
Dicha partida ascenderá a 30.000 millones y, si llega a activarse, se considerará como el primer plazo de la operación de rescate. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, encargado del rescate, tendrá ese dinero disponible por adelantado, aunque las primeras inyecciones de capital en las entidades no se esperan hasta después del verano. Todas las entidades tendrán que someterse a un control semanal sobre su nivel de depósitos y posición de liquidez.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, consideró "una buena noticia" la creación de ese cortafuegos de urgencia y señaló que su carácter excepcional "no permite definir de antemano en qué condiciones tendrá que utilizarse". De Guindos también se felicitó por lo que describió como "colchón de seguridad" que, según el ministro, tiene la ventaja de no tener una finalidad predeterminada. Aun así, mostró su esperanza de que esos 30.000 millones se puedan ya utilizar para los procesos de reestructuración más avanzados.
Pérdidas
"Se tomarán medidas para minimizar el coste que supondrá la reestructuración bancaria para los contribuyentes", exige el memorándum en el capítulo sobre "reparto de la factura". Tras las pérdidas que deberán asumir los accionistas de las entidades reestructuradas o desaparecidas, el Gobierno tendrá que exigir a los tenedores de deuda subordinada (como las preferentes) o productos híbridos que también contribuyan con la quita correspondiente a la recapitalización. En este caso, se dará la opción de un acuerdo voluntario en el seno de la entidad. Pero si no se alcanza, se podrá imponer de manera obligatoria con arreglo a una nueva legislación que el Gobierno deberá adoptar antes de finales de agosto de este año. En el mismo plazo, España deberá reformar su normativa sobre liquidación bancaria para reforzar los poderes del FROB en esa materia.
'Bancos malos'
"Los activos problemáticos se retirarán rápidamente del balance de los bancos", señala el epígrafe del memorándum sobre la creación de las gestoras de activos inmobiliarios o bancos malos que deberán crearse a partir de las entidades que reciban recursos. Los activos se traspasarán a un valor "razonable", según De Guindos, basado en el resultado de las pruebas de estrés que se están llevando a cabo. Las pérdidas que se generen se contabilizarán en el balance de la entidad. El FROB contribuirá con dinero líquido o con activos de alta calidad a la financiación de esas gestoras. Fuentes del Gobierno indicaron que, con toda probabilidad, se creará una sola sociedad para los activos de las entidades que ya han sido nacionalizadas. El resto de entidades podrán optar por crear cada una la suya o agruparse.
Amenaza a las cajas
El gobierno corporativo de las cajas de ahorros tendrá que revisarse para hacerse más estricto, según el memorándum. Y antes de finales de noviembre de este año, el Gobierno deberá "clarificar las legislación sobre el papel de las cajas de ahorros como accionistas de las instituciones de crédito", una medida que puede convertirse en una de las más polémicas del rescate bancario. El memorándum señala que la reforma deberá conducir "a una reducción de las participaciones de las cajas en sus bancos por debajo de un nivel de control", un golpe más a un sector cada vez más presionado para su conversión definitiva en fundaciones y en el que solo sobrevive por ahora con holgura La Caixa.
Más capital
El memorándum endurece los requisitos de capital para todo el sector financiero español, incluidas las entidades que no reciban ayuda pública. Todo el sector deberá contar antes del 31 de diciembre de este año con un ratio de capital Tier 1 de al menos el 9%. Y mantenerlo en ese nivel hasta finales de 2014. La Autoridad Bancaria Europea (ABE) fijará los criterios sobre el tipo de activos que se podrán computar como capital de máxima calidad. Se revisará además la normativa sobre provisiones para posibles pérdidas en la cartera de crédito. Antes de diciembre de 2012, el Gobierno deberá presentar un documento de consulta sobre los posibles cambios, que será revisado por la CE, el BCE, la ABE y el FMI. La revisión afectará a las provisiones fijadas por el Gobierno en los dos decretos aprobados este año, así como al sistema de provisiones dinámicas aplicado hasta ahora.
Banco de España
Contra todo pronóstico, el Banco de España, cuya credibilidad se había puesto en duda a raíz de esta crisis, sale reforzado. El memorándum pide que el Ministerio de Economía, que deberá aplicar las condiciones macroeconómicas que se ligan al rescate bancario, transfiera este año al supervisor todas las competencias sobre autorización y sanción bancarias y que lo faculte para emitir directrices de obligado cumplimiento. A cambio, la institución dirigida por Luis María Linde deberá someterse a una rigurosa revisión sobre su modelo de actuación.
18 meses de infarto
Un préstamo de 100.000 millones de euros a 15 años
El 20 de julio se espera poner en marcha el rescate y España dispondrá de 18 meses para utilizar los 100.000 millones de euros previstos en la línea de crédito.
En septiembre se conocerán las necesidades de capital de cada entidad.
En octubre se deberán presentar los planes de recapitalización de las entidades viables y de desaparición "ordenada" de las inviables.
En noviembre deben estar operativos los bancos malos para descargar los activos inmobiliarios tóxicos.
En diciembre todo el sector deberá contar con un capital mínimo Tier 1 del 9%.
A finales de 2013 se espera concluir el rescate de la banca española.
