Será el jueves cuando la Comisión Europea dará su luz verde a los planes en los que han estado trabajando estas cuatro entidades, las únicas no nacionalizadas que, según el informe de Oliver Wyman, requerirán de ayudas públicas para cubrir sus déficit de capital.
Según este informe, Liberbank tendría unas necesidades en un escenario adverso de 1.198 millones de euros, Caja3 de 779 millones, el grupo BMN de 2.208 millones, y el Banco CEISS -fruto de la fusión de Caja España Duero- de 2.063 millones de euros.
No obstante, estas cifras se han visto reducidas enormemente por la propia creación del llamado "banco malo", que permitirá a las entidades desprenderse de activos tóxicos, así como por la venta de activos y quitas en los canjes de preferentes y deuda subordinada.
De hecho se calcula que BMN requerirá menos de 400 millones de euros, y el Banco CEISS ya ha comunicado que la petición de inyección de fondos públicos ascenderá a unos 600 millones.
El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, cifró hace unos días en 1.500 millones el importe que requerirá este cuarteto, conocido como el "grupo 2", aunque algunos expertos aseguran que la cifra será más elevada.
En cualquier caso la situación de ellas no es homogénea, dado que BMN y Banco CEISS sufrirán la entrada en su capital del Estado, que suma así dos nuevas entidades financieras a sus posesiones actuales, BFA-Bankia, CatalunyaCaixa y Novagalicia, después de vender el Banco de Valencia a Caixabank por un euro.
Las otras dos entidades del "grupo 2", Liberbank y Caja3, que nunca han recibido ayudas, podrán solicitar un préstamo de dinero público en forma de bonos convertibles contingentes ("cocos", en el argot financiero), un instrumento que podrán recomprar en un plazo máximo de 5 años.
En cualquier caso, para recibir los fondos deseados las cuatro entidades han tenido que diseñar unos ambiciosos planes de reestructuración, con el consenso absoluto de los altos funcionarios europeos.
Los sindicatos dan por supuesto que miles de empleados de estas entidades perderán su puesto de trabajo en los ajustes. "Unos 4.000 ó 5.000 en el peor de los escenarios", explica José Miguel Villa, secretario general de la Federación de Servicios de UGT.
El Banco CEISS -que tiene paralizada su fisión con Unicaja hasta que se sanee- ha planteado un plan que contempla una ayuda de 600 millones de euros, el cierre de 250 sucursales y el despido de unas 1.000 personas, que los sindicatos calculan que será casi el doble.
La dirección del banco calcula que la inyección de 600 millones dará al Estado una participación del 30 %, aunque los expertos calculan que será muy superior una vez se haga la valoración correspondiente.
En el caso de BMN, la entidad planea continuar con el intenso proceso de reducción de oficinas que inició tras la fusión de Caja Murcia, Caja Granada, Penedés y Sa Nostra, que dio lugar a un grupo en 2009 con 1.703 oficinas y 8.905 empleados.
Al cierre de este año, y tras la venta al Sabadell de las 462 oficinas procedentes de Caixa Penedés con unos 2.000 empleados, la entidad planeaba contar con unas 900 oficinas y unos 5.000 empleados.
Ahora, con el plan presentado a Bruselas, la entidad reducirá la red en 100 oficinas adicionales, hasta un total de 800, menos de la mitad de lo que tenía cuando nació.
Según los sindicatos, ello provocará una reducción de plantilla de unas 350 personas.
Caja3 -una entidad resultado de la fusión de CajaCírculo, Inmaculada y Caja Badajoz- también se embarcará en un proceso de adelgazamiento antes de acometer su fusión con la aragonesa Ibercaja.
Su plan pasa por acometer 592 despidos y el cierre de 187 oficinas, aunque cuentan con la fuerte oposición de los sindicatos, que ayer convocaron protestas en Zaragoza y hoy se reúnen con la dirección para atenuar el impacto de las medidas.
Liberbank es la única entidad de las cuatro que no contempla despidos en sus planes de ajuste, aunque sí recortes salariales y suspensiones temporales de contratos de hasta un año para "un máximo del 60 % de la plantilla".
Este banco, fruto de la unión de Cajastur, CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura, ha defendido hasta ahora que no necesitaría ayudas publicas para recapitalizarse, aunque el veredicto final lo dará Bruselas el jueves.
