Segundo intento. La Comisión Europea aprobó ayer un nuevo proyecto de directiva para crear la tasa Tobin, tras el fracaso del texto presentado en septiembre de 2011, bloqueado por Londres, Dublín, Luxemburgo y otras capitales.
La norma mantiene el mismo nivel de imposición que fue rechazado el año pasado: 0,1% para las transacciones con acciones y 0,01% para las operaciones con derivados. Pero esta vez, la iniciativa tiene muchas más posibilidades de llegar a concluirse porque, a diferencia de la anterior directiva, no aspira a aplicarse en los 27 países de la Unión Europea sino solo en los 11 socios que ya se han mostrado dispuestos a estrenar el nuevo impuesto (Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica, Austria, Portugal, _Grecia, Eslovaquia, Eslovenia y Estonia). Estos países podrían recaudar, según la CE, unos 35.000 millones de euros anuales, de los que casi 5.000 millones corresponderían a España.
Pero la autoexclusión del proyecto de mercados financieros tan importantes como Reino Unido, Holanda, Irlanda o Luxemburgo, ha obligado a la Comisión a endurecer el texto de 2011 para garantizar a los 11 países que sus entidades no esquivarán el impuesto deslocalizando algunas líneas de negocios.
Para evitar el esquinazo fiscal, la nueva directiva somete a gravamen a todos los activos emitidos en los países donde se instaure la tasa Tobin, con independencia de la nacionalidad de las entidades que compren o vendan estos productos financieros.
Esa novedad supone, por ejemplo, que la compra-venta de bonos españoles acarree el pago del impuesto, incluso si las dos entidades implicadas en la operación están radicadas fuera de España o de los otros 10 países con la misma tasa.
La nueva norma ha provocado las iras del sector financiero internacional, en particular del estadounidense, que acusa a Bruselas de instaurar un impuesto "extraterritorial". Además, entre los socios de la UE que no aplicarán la nueva directiva se teme que sus bancos sufran una doble imposición, en el país de origen y en uno de los 11 países con tasa Tobin.
La patronal europea, BusinessEurope (que incluye la CEOE) lamentó ayer la aprobación del proyecto y aseguró que "encarecerá el coste del capital, provocará la deslocalización de negocios y dañará el crecimiento y el empleo".
El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, rechazó estos temores y acusaciones. "La propuesta cumple a rajatabla con el derecho europeo y con el internacional", aseguró Semeta en rueda de prensa. Y recordó que solo las operaciones vinculadas con los 11 países Tobin estarán sujetas al impuesto. Si alguna entidad se considera injustamente gravada, podrá reclamar ante Hacienda el reintegro del impuesto.
El departamento de Semeta confía, sin embargo, en que el sector financiero cumpla voluntariamente sus obligaciones. "No creemos que, en estos tiempos, ningún banco se arriesgue a sufrir una inspección fiscal", señalan en el departamento de Semeta.
Las mismas fuentes recuerdan que la mayor parte del sector financiero europeo se ha beneficiado directa o indirectamente de ayudas públicas durante la crisis, por un valor total equivalente al 20% del PIB de la Unión o más de 2,5 billones de euros. Y añaden que actividad financiera se beneficia de un trato fiscal relativamente benévolo en relación con otras. "Casi todos los servicios financieros están exentos de IVA".
Por último, Bruselas descarta el riesgo de deslocalización, porque, según la CE, casi ninguna entidad puede permitirse no operar en 11 países que representan el 75% del mercado europeo, y entre los que figuran las principales economías de la zona euro.
