Toda cara tiene su cruz, pero la sentencia también vale a la inversa. Por primera vez en mucho tiempo una agencia de calificación lanza un informe sobre España que incluso tiene un tinte positivo. Standard & Poor's ha decidido ver la botella medio llena en su último veredicto sobre la economía nacional y ha concluido que el rating de la deuda soberana no se verá perjudicado por una petición de rescate: puede que eso suponga admitir que el Estado no es capaz de financiarse, pero tiene implicaciones positivas, sobre todo por las condiciones favorables en las que llegará.
De todas formas, una cosa es que el rating no vaya a bajar por el rescate y otra que no lo haga de todas formas. S&P mantiene la calificación de España en BBB+, a tres escalones del bono basura, con una perspectiva negativa, lo que quiere decir que aprecia riesgos y que puede dar un empujoncito a la baja al rating en cualquier momento.
Lo que significa el informe de S&P de este miércoles es que el rescate no será un lastre para España, sino incluso algo beneficioso. De todas formas, la agencia recuerda que todavía no se ha pedido, "a pesar de las crecientes expectativas de que esto pueda ocurrir en septiembre cuando las condiciones que posiblemente vendrán asociadas al programa de ayuda estén más definidas", dice. El informe habla de "rescate total", pero solo en contraposición al rescate bancario solicitado en junio. La agencia se refiere a lo que el Gobierno español denomina eufemísticamente "rescate blando"; es decir, la apelación formal para que el BCE o alguno de los fondos de rescate compre deuda soberana en el mercado primario o secundario y contribuya a aliviar el incendio en la prima de riesgo.
Si finalmente se produce la solicitud formal, "los términos potencialmente ventajosos bajo los que puede recibir el rescate completo podrían aumentar las posibilidades de éxito de la ya ambiciosa y políticamente desafiante agenda de reformas económicas", explica S&P. Eso sí, la agencia cuenta con que la resistencia a esta agenda de reformas continúe creciendo "a nivel regional y nacional", que los ingresos que consiga el Estado "sigan cayendo a corto plazo" y que las condiciones del mercado de trabajo "continúen siendo débiles", así que el rescate no será milagroso.
S&P considera positivas las últimas iniciativas que se han tomado en Europa para reforzar los mecanismos multilaterales de financiación. Ahí están los acuerdos para ampliar la flexibilidad del fondo permanente de rescate (el Mede), con la posibilidad de que compre bonos, preste directamente a la banca o renuncie a su estatus de acreedor preferente. Todo ello puede contribuir a "estabilizar los flujos transfronterizos", considera la agencia. También le parece positiva la posibilidad de que el BCE vuelva a comprar bonos, pero lo que sería realmente beneficioso para la banca nacional es que se concrete el compromiso hacia la unión bancaria en Europa.
"La implementación de estas propuestas podría, desde nuestro punto de vista, ayudar a los ratings de España", sentencia S&P. Por un lado, daría tiempo a las autoridades españolas a poner en marcha reformas económicas y fiscales adicionales "que conducirían a restablecer la confianza de los inversores", explica. Claro que S&P también ve algunos peros: "Sigue habiendo incertidumbres sobre la implementación de las medidas de estabilización a nivel regional, nacional y europeo [Alemania sigue sin aprobar el Mede]" y sobre los posibles retrasos "para establecer las condiciones previas que permitirán al Mede usar los mecanismos de intervención que los dirigentes políticos aprobaron en la cumbre europea de junio". La agencia abunda en lo que todo el mundo sabe: "El consenso político entre los políticos europeos sigue siendo frágil lo cual podría seguir obstaculizando la buena ejecución de un programa de apoyo coherente y sólido".
España también tiene incertidumbres autóctonas. La primera en la lista de S&P son "las crecientes tensiones políticas entre el Gobierno central y las diferentes regiones españolas sobre los tiempos y la forma de cumplir con sus respectivos objetivos presupuestarios". La segunda es el desempleo, cuya alta tasa lleva a la agencia de calificación a pensar que las reformas laborales aplicadas hasta el momento "no han sido suficientes para hacer frente de forma integral a los problemas estructurales del mercado de trabajo español". Además, el alto paro podría poner difícil al Gobierno "seguir con las reformas a largo plazo".
Por último, hay otra amenaza que cierra la lista de riesgos de S&P y que también viene de fuera: Grecia. Una salida griega del euro podría "incrementar las dudas entre los inversores sobre la posibilidad de una futura salida de otro miembro de la eurozona como podría ser España". Este sería el peor escenario, pero S&P no descarta que un abandono heleno de la moneda única acelere la salida de capitales fuera de España o que afecte de forma negativa a la calidad crediticia del sector público y privado nacional.
