Bankinter ha encajado las provisiones que impone la reforma financiera de golpe, de un solo trago en el primer trimestre del año. El banco tuvo que reservar 138,7 millones para la limpieza de su balance. De este importe, 59,5 millones correspondían a provisiones por créditos morosos y subestándar, 21,3 millones a activos adjudicados y otros 57,9 millones a la nueva provisión genérica de la reforma. Para atender estos epígrafes hizo uso de 97,6 millones de euros que tenía disponibles en el colchón de provisiones genéricas. El resto lo desembolsó con cargo a la cuenta de resultados.
A pesar del esfuerzo, Bankinter logró ganar 49,5 millones en los primeros tres meses, un 1,81% más que un año atrás. María Dolores Dancausa, consejera delegada de la firma, explicó el por qué del saneamiento acelerado. "Queríamos cumplir con los requisitos lo antes posible para centrarnos en nuestro negocio". La acción anotó ayer una subida del 6,6%. El repunte se debió en buena parte al cierre de posiciones cortas, que suponen un 6,327% del capital del banco, según datos de la CNMV.
Bankinter no ha sido la única entidad que ha optado por dar carpetazo al real decreto ley 2/2012. CaixaBank también ha acumulado en el primer trimestre todas las provisiones.
La responsable de la entidad madrileña destacó la fortaleza de los márgenes de negocio. El de intereses subió un 43,13% y el bruto repuntó otro 22,13%. El negocio típico mejora por la estabilidad de los ingresos por comisiones y la potenciación del crédito a empresas -más rentable y con horizontes de repago más cortos que las hipotecas-. Bankinter disfruta de una baja tasa de mora (3,67% frente al 8,16% del sistema) por su ínfima exposición a promotores. Los activos problemáticos suponen solo el 5% del balance.
Dancausa eludió confirmar el interés de Bankinter por Banco de Valencia, entidad en proceso de subasta. La ejecutiva, en cambio, sí se mostró contraria a que se utilice el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para sanear las entidades intervenidas. También se pronunció en contra de la creación de un banco malo donde las entidades puedan descargar sus activos adjudicados porque "supone mutualizar los errores de algunos gestores a costa del contribuyente o del resto del sector".
