Los gestores de Bankia tienen prisa por reconducir la situación de una maltrecha entidad que, demasiado grande para ser liquidada, solo sigue respirando por los 22.500 millones de ayudas públicas insufladas y que arrojará unos 19.000 millones de pérdidas en el ejercicio 2012. Recién superado el bache que más quebraderos de cabeza prometía dar, el de pactar un ajuste de empleo de 4.500 trabajadores con los sindicatos, Bankia ha decidido acelerar la ambiciosa reducción de su red de oficinas, de 3.117 a solo 2.000 sucursales, para culminarla este mismo año pese a que Bruselas le dio tres ejercicios para acometerla.
Y va en serio. Si el acuerdo sobre el expediente de empleo del grupo fue firmado el viernes, el cierre de oficinas comenzará a comunicarse hoy mismo a la red de la Comunidad de Madrid.
Este será el primer paso de un calendario de cierres progresivos que continuaría después con la reducción de red de Bankia en la Comunidad Valenciana, según informan fuentes sindicales. El protocolo establecido por la entidad indica que las oficinas afectadas "serán informadas con, al menos, un mes de antelación a la fecha efectiva de cierre", lo que se traducirá en las primeras llamadas hoy mismo. El banco también tiene previsto comunicar "con varias semanas de antelación a los clientes que deban cambiar de oficina de cuál será su nueva sucursal de destino en la que seguirán recibiendo sus servicios".
"Esta reordenación es necesaria para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de Bankia, garantiza la viabilidad del proyecto y la posibilidad de retornar el apoyo público recibido", manifestó ayer el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri. "Con una red de 2.000 oficinas, Bankia seguirá teniendo presencia en todo el territorio nacional y preservará el empleo de 14.500 personas", aseveró.
El criterio de cierre de las oficinas, por tanto, no será puramente geográfico ya que, como viene defediendo Goirigolzarri, Bruselas la considera una entidad nacional y el axioma de las entidades nacionalizadas deben replegar su negocio a sus zonas de influencia natural está mas cerca en este caso de una recomendación que de la orden en que se traduce para Novagalicica.
Fuentes de la entidad avanzan, de hecho, que 700 de las 1.100 sucursales que irán cerrando en los próximos 10 meses ya habían sido seleccionadas por la dirección al detectar que no son rentables. De hecho, cuando la entidad hizo público el plan de reestructuración aprobado el pasado noviembre, Bankia ya señalaba la fuerte disparidad entre los resultados de unas y otras oficinas.
Así, al comparar el 20% de las peores sucursales con el 20% de las mejores, la entidad estimó que el margen de explotación de las primeras era del -10%, frente al 70% de las segundas; los activos dudosos eran un 65% frente al 1% de las más rentables; los clientes de alto valor apenas eran un 5%, frente a un 44% en las plazas de mayor interés; el volumen de depósitos era del 3%, frente a un 46% y el ratio de préstamos sobre depósitos alcanzaba un 277%, cuando en las más rentables se sitúa en un 54%.
Será este grupo de unas 700 oficinas, ese 20% peor de toda la red, el que se elimine primero y con más facilidad. A partir de ahí, los gestores de Bankia tendrán que ir avanzando en el listado de menor rentabilidad de sucursales conjugándolo con la presencia de la firma fuera de las regiones de expansión de sus cajas de origen, Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja, Caja Insular de Ahorros de Canarias y Caixa Laietana.
Así, las 192 oficinas que mantiene hoy día Bankia en Andalucía o las 138 de Castilla La Mancha y Extremadura, son unas de las más susceptibles de perder fuerza, por criterio puramente territorial. Por el lado de saturación regional, las 874 sucursales de Madrid o las 568 de las divisiones que agrupan Valencia, Murcia y Baleares, son las que podrían ser podadas con más esmero.
Las bajas incentivadas se adaptan al plan de cierres
Ayer comenzó el plazo de 15 días naturales que se da a los trabajadores de Bankia para acogerse al plan de salidas voluntarias, recogido en el acuerdo sellado el viernes entre entidad y sindicatos. Los voluntarios recibirán una indemnización de 30 días de salario por año trabajado con límite en 22 mensualidades y una prima extra de 2.000 euros por cada tres años de antigüedad. Dado que el plan de cierre de oficinas se llevará a cabo en paralelo al ajuste laboral y de forma progresiva, la entidad irá abriendo plazos adicionales de 10 días naturales a los empleados de cada oficina a la que se comunique su desaparición. Una vez concluyan, la entidad se reserva cuatro días para aceptar o rechazar las peticiones recibidas.
Los mismos plazos operan para aquellos empleados que tengan cumplidos los 54 años para finales de este año, quienes podrán acogerse al programa de prejubilaciones con un 60% de su salario bruto durante cinco años y un convenio especial para cubrir sus cuotas de la Seguridad Social hasta que accedan a la jubilación, sea a los 61 o a los 63 años. Finalizado el calendario de adhesión al plan de bajas voluntarias y prejubilaciones, la entidad decidirá de qué empleados prescindir forzosamente hasta alcanzar los 4.500 previstos. Este grupo recibirá 25 días de indemnización con tope en 16 mensualidades y será incluido en un programa de recolocación. Si en 18 meses no se les ofrece otro empleo, recibirán la diferencia hasta los 30 días con 20 mensualidades.
