Hace una semana, coincidiendo con uno de los paros parciales convocados en las entidades financieras nacionalizadas como protesta al severo ajuste de empleo planteado, el secretario general de Comfia_-CC_OO, José María Martínez, aprovechaba su intervención en un foro económico organizado por este diario en Valencia para lanzar una sorprendente propuesta: que los empleados afectados cedieran una parte de su indemnización a cambio de ser recolocados en otro empleo. La madrugada del martes al miércoles, esta incitativa llevó a desconvocar la huelga anunciada para ayer en Bankia al convertirse en el pilar maestro de un principio de acuerdo que las partes esperan sellar en firme entre hoy y mañana.
Un pacto trabajoso y de última hora -mañana expira el plazo de consultas- que ha puesto en peligro la paz social en la firma. Finalmente, la entidad controlada por el FROB_ha acordado con CC OO, UGT, Accam, Sate y Csica reducir el número de afectados por el ERE de los 4.900 previstos a 4.500 empleados (el ajuste total, de 6.000 personas, incluye la venta de filiales, o los 100 trabajadores externalizados a IBM).
400 empleos salvados a costa de una reducción salarial media de entre el 30%_y el 40% para la plantilla que permanezca en la firma. Esta se quedará sin retribución variable hasta 2016; no se beneficiará de trienios en los próximos tres ejercicios; pasará tres años sin ayudas para guardería; verá retrasada la homologación de pagas extras entre las distintas cajas fusionadas y perderá los complementos por categoría, que irán recuperándose progresivamente.
A partir de ahí, se espera que unos 1.700 empleados se acojan al plan de prejubilaciones de la entidad (ver despiece) y que un "grupo importante" acepte bajas incentivadas voluntarias. Estas serán indemnizadas con 30 días de salario por año trabajado y un tope de 22 mensualidades más primas por antigüedad (2.000 euros por cada tres años), de voluntariedad (de entre 4.000 y 24.000 euros, según el tiempo que lleven en la empresa) y otra para quien supere los 25 años de contrato, de entre 5.000 y 6.000 euros por ejercicio que sobrepasen.
Una generoso acompañamiento para una indemnización que ya supera con mucho los 20 días por año trabajado y tope en 12 mensualidades que establece el supuesto más conservador de la reforma laboral y los 22 días que ofreció Bankia al inicio de la negociación, pero lejana de los 46 días por año del ajuste anterior.
Es para los empleados que sean despedidos forzosamente, donde entra en acción el plan de recolocación laboral para el que la entidad contratará a varias empresas del ramo.
De partida, todos los afectados recibirán una indemnización de 25 días por año trabajado y 16 mensualidades. El compromiso es el de ofrecerles un puesto de trabajo en un plazo de 18 meses. El tipo de empleo, el salario, o el límite geográfico que debe reunir la oferta están siendo concretados por las partes y serán supervisados por una comisión de seguimiento. Si pasados 18 meses el despedido no ha recibido una oferta, la entidad completará la indemnización hasta los 30 días y 20 mensualidades más una prima de 2.000 euros por cada tres años en la empresa.
Fuentes cercanas al proceso aseveran que el acuerdo tiene el visto bueno de Bruselas, que impuso el recorte a cambio de rescatar a la entidad, y que la idea es cargar los costes del ERE al ejercicio 2012, en el que ya se esperan pérdidas cercanas a los 19.000 millones de euros, para soltar lastre de cara a 2013.
El pacto blinda a los prejubilados ante la nueva reforma
El principio de acuerdo firmado entre Bankia y los representantes de sus trabajadores vuelve a apostar por las prejubilaciones como una de las vías mayoritarias del ajuste laboral. En concreto, las centrales sindicales estiman que se acogerán a esta opción, abierta a quienes tengan cumplidos los 54 años a finales de 2013, unos 1.700 trabajadores de la entidad, es decir, el 39% del total de afectados. La entidad, que acumula 22.424 millones en ayudas, pagará a quienes se acojan el 60% de su retribución total bruta, con un límite máximo de 350.000 euros, durante un máximo de cinco años. Como gancho adicional, las partes han pactado una cláusula que blinda a los beneficiarios de este programa ante el inminente recrudecimiento del acceso a la jubilación anticipada que prepara el Ministerio de Empleo.
Al aplicar una prejubilación, un acuerdo entre las partes que no está regulado por la ley, la empresa venía pagando a sus empleados las cuotas de la Seguridad Social, mediante un convenio especial, hasta que cumplían 61 años y podían acogerse a la anticipada. La reforma de las pensiones, que retrasa progresivamente el acceso a la jubilación de los 65 a los 67 años, prevé, sin embargo, que el acceso a la jubilación anticipada forzosa (para despedidos) también se eleve de 61 a 63 años, lo que Empleo prevé aprobar este mismo mes. Ante esta posibilidad, el acuerdo de la entidad nacionalizada recoge el compromiso de seguir pagando el convenio más allá de los 61 si se aprobara la norma.
