Los bancos apoyan la desaparición "ordenada" de entidades zombis

Habrá que esperar varios meses más para que se conozca el destino final de Catalunya Caixa, Banco de Valencia y Novagalicia, y de alguna entidad más que puede ser nacionalizada tras las pruebas de estrés que realizarán en septiembre las auditoras por elección del Gobierno. Inicialmente, las dos primeras entidades tenían que haber sido subastadas entre junio y julio, mientras que la firma gallega podría haber esperado hasta finales de verano.

Los procesos, sin embargo, se han retrasado sin concretar una fecha, según todas las fuentes consultadas, como consecuencia de la petición del rescate del sector a Europa. El Gobierno aseguró el pasado 21 de junio, cuando anunció los resultados de los informes de Oliver Wymand y Roland Berger sobre las necesidades de capital del conjunto del sistema financiero, que las subastas se aplazaban hasta septiembre, pero todo hace indicar que "es imposible que se cumpla este calendario", coinciden todas las fuentes consultadas.

El futuro de estas firmas forman parte de las negociaciones que mantienen en la actualidad el Gobierno con la Comisión Europea (CE) para cerrar el memorando para que Bruselas comience a facilitar las ayudas públicas a la banca española. Este acuerdo estaba previsto que se cerrará el lunes 9 de julio, pero el Ministerio de Economía ya ha reconocido que la fecha se retrasará y que la semana que viene se presentará solo un borrador.

Las vías para las subastas de estas tres firmas están no solo por determinar, sino también el futuro de alguna de ellas como entidad financiera, ya que cada vez son más las voces que piden la liquidación de las firmas zombis al ser consideradas inviables. Eso sí, su liquidación sería "ordenada", según todas las fuentes consultadas, con lo que no se perjudicaría a los depositantes, mientras que a los bonistas y previsibles accionistas se intentaría que el daño fuese el menor posible.

Las fórmulas que se barajan tras su recapitalización serían dos, una vez que Bruselas es partidario de que las entidades que reciban ayudas creen bancos malos en los que se segreguen sus activos tóxicos. La primera sería la desarrollada en Irlanda, explica el director general de un gran banco. Consistiría en que los activos inmobiliarios pasarán al banco malo y se subastara la entidad resultante sin esta cartera tóxica y sin esquemas de protección de activos (EPA) que cubriese las posibles pérdidas esperadas, como se ha hecho con CAM, tras su venta a Banco Sabadell.

La segunda alternativa, que es totalmente compatible con la primera opción, es que desaparezca la entidad inviable jurídicamente, aunque antes se venderían sus activos a los bancos interesados. Sería una venta por careras partes de la firma, fórmula puesta en práctica en varios países europeos.

Esta es la alternativa defendida por el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, para las firmas inviables. Almunia mantiene que las entidades débiles y no viables deben desaparecer del sistema financiero. "Es una liquidación ordenada", explican fuentes del sector.

Los bancos españoles también apoyan esta opción, pese a que el Gobierno ha declarado en varias ocasiones que en España no se liquidará ninguna firma financiera. "El problema es que no es una liquidación al uso, en la que la entidad declara su quiebra, que es a lo que el Ejecutivo se niega. En este caso se venderían sus activos, que pasarían a la entidad que los adquiriera", explica un directivo de un banco.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, siempre ha defendido que las cajas de ahorros y bancos que "la hicieron que la paguen". Considera que hay que mantener "la disciplina" y beneficiar de esta forma a las entidades sanas.