La banca teme a la demonización social

La responsabilidad de la banca en el estallido de la crisis financiera le ha granjeado al sector severas, y recurrentes, críticas por parte de ciudadanos, políticos y economistas. Sin embargo, ante la dureza con la que han expresado su descontento grupos sociales como el 15M, o el ataque frontal al sector que incluye la nueva estrategia electoral del PSOE, bancos y cajas empiezan a estar seriamente preocupados por el "proceso de demonización" que están sufriendo socialmente. Uno de los aspectos que más les inquieta es la percepción ciudadana de que la banca elude, o rebaja, parte de sus obligaciones tributarias.

"Existe la idea de que los recortes sociales vienen porque los grandes no pagan impuestos", expone José María Vallejo, director del departamento de asesoría fiscal de BBVA. A Vallejo, como al resto de expertos reunidos en un desayuno sobre la gestión de riesgos fiscales en el sector financiero organizado por CincoDías, le preocupa la percepción ciudadana de que la crisis no la están pagando los que deben. El planteamiento, considera el experto de BBVA, "no se corresponde con la realidad y es peligroso", expone, en la medida en que pueda derivar en "que se tomen medidas delicadas". Un ejemplo, en este sentido, son las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en el mercado hipotecario, para aumentar la protección de las familias ante un embargo, ante la fuerte presión ciudadana. Una línea que ha abierto oficialmente el debate de la dación en pago, y que coge ahora tintes más inquietantes para el sector con el anuncio del candidato socialista a presidir el Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que planea instaurar un nuevo impuesto a la banca que ayude a crear empleo.

"En este momento de la polémica pública sobre la tributación de las entidades de crédito, creo que vendría bien reflexionar", mantiene Francisco Uría, socio responsable del área financiera de KPMG en España. "La sociedad española a veces no es consciente de la realidad del sistema fiscal español, en el que las entidades son la clave del éxito por su colaboración con la administración. Las entidades realizan un inversión económicamente muy relevante para el mejor cumplimiento fiscal, no solo el suyo propio, sino del conjunto de la sociedad española. Un coste que está poco reconocido", concluye.

"Quizás también sea culpa nuestra, por no divulgar bien esas operaciones", interviene Antonio López, director de asesoramiento fiscal de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). López expone, como ejemplo, un informe que tasaba el coste de recaudar 100 euros en España sobre los dos euros, frente a los cinco que cuesta en Francia. "La explicación está en el sistema de colaboración. En España hay tantas oficinas de recaudación como oficinas bancarias existen. Una de las moralejas que deberíamos sacar es que debemos comunicar más a la sociedad", valora.

En este sentido, Víctor Mendoza, socio responsable del área fiscal de servicios financieros de KPMG en España, sostiene que "tener documentada la política fiscal" y "hacer que se conozca fuera" de la entidad es un requisito claro de transparencia y buenas prácticas. Un objetivo al que contribuirá el código de buen gobierno nacido del foro de grandes contribuyentes, una suerte de acuerdo de colaboración entre las mayores empresas españolas y Hacienda.

"La política fiscal que han hecho las entidades de crédito españolas ha sido tradicionalmente muy conservadora", cuenta el asesor de CECA, "lo que pasa es que no se especificaban en un documento, ni se implicaba al consejo de administración". Un paso, este último, que está ayudando a profesionalizar la gestión tributaria de bancos y cajas. "Se está integrando el buen gobierno en toda la entidad. Se implica al consejo en temas de fiscalidad que eran desconocidos para este, lo que requiere más esfuerzo por parte de los departamentos fiscales para sintetizar y hacer entender" la política tributaria de las firmas, apunta Rafa Orteso, director del área fiscal del grupo Citi en España.

"Nos falta dar un paso. En España la parte fiscal empezó en los departamentos de contabilidad", para luego escindirse en áreas de trabajo propias, relata Antonio Lafuente, director de la asesoría fiscal de Mapfre. "Ahora debemos tender a estructuras de tipo anglosajón", dice, exponiendo que General Motors cuenta con más de 1.000 personas en estos departamentos, y HSBC, tres centenares. El modelo, sostiene, pasa por contar con un responsable "de asesoría fiscal a nivel mundial, y directores en cada país" en el que esté la empresa, con equipos divididos por cada impuesto aplicable. "Estamos en una fase de crear auténticas multinacionales, todavía somos entidades españolas muy grandes con inversiones fuera".

El experto de BBVA coincide en avalar este tipo de estructura, en la que un equipo gestiona las especificidades de cada país, pero bajo la coordinación un responsable global. "Hay una parte de la política fiscal que es corporativa. Y si el banco de un país incurre en un riesgo fiscal, eso trae riesgos reputacionales serios, que suben hacia arriba", ilustra, argumentando que a las entidades les preocupa mucho la mala prensa que pueda salpicar a la matriz si una filial incurre en malas prácticas.

Exigencias a la administración

Para que el proceso sea un éxito, no obstante, desde Mapfre reclaman "que exista colaboración entre las autoridades fiscales de todos los países". "El gran drama de las grandes empresas es que al intentar pagar impuestos en las jurisdicciones donde trabajan, a veces, la falta de comprensión o el exceso de egoísmo por parte de los países donde se opera, llevan a situaciones de conflicto por que se da una doble imposición", detalla.

No es esta la única reclamación que los expertos en fiscalidad hacen a los organismos públicos. "Hoy en día, el mercado es muy complejo y veloz, y la asesoría fiscal no puede ser una rémora, tiene que acompañar al negocio. Las corporaciones estamos comenzando a concienciarnos de eso, pero la duda que cabe es en qué medida la administración se está acompasando a este proceso", se preguntan en BBVA. "Nosotros ya somos transparentes y colaboramos. La mejor forma en la que se podría colaborar desde la administración es aportando seguridad jurídica en el ámbito fiscal", agrega.

Este doble esfuerzo, de eficiencia y comunicación desde las entidades, y de seguridad y colaboración desde la administración, permitiría mejorar la imagen de bancos y cajas ante la opinión pública en cuanto a su política tributaria, asumen los expertos. El sector, defienden, además, no ha recibido las cuantiosas ayudas públicas que se han aportado en otros países vecinos. "El sistema financiero es una de las industrias más potentes que tiene España, en términos de empleo, regulación, cumplimiento de obligaciones fiscales e internacionalización de la economía española", asevera Uría. "Se echa de menos que se reconozcan sus méritos, A otros sectores se los trata con más cariño", concluye.