Las opiniones sobre si es conveniente o no recurrir a las ayudas públicas, y más en concreto al fondo de rescate europeo, para recapitalizar definitivamente a las entidades españolas más débiles y para finalizar las subastas que quedan pendientes en el sector están enfrentadas.
Donde sí hay consenso, o por lo menos "resignación", es en la cifra máxima que está dispuesta a aportar la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), 20.000 millones de euros -aunque en algún caso aislado lo amplía a 28.000 millones-. Si esta cifra no es suficiente porque aparecen nuevos focos de debilidad en el sector, como consecuencia del continuo deterioro de los balances de algunas entidades, como mantienen varios bancos de inversión, los fondos deberán salir del Estado o en último extremo de Europa, señalan también gran parte de las fuentes consultadas, pese a las reticencias del Gobierno.
La banca cree que el Ejecutivo tiene también que asumir su parte de responsabilidad, explican varias fuentes financieras.
Estos 20.000 millones son los que los bancos españoles creen que les costará en los próximos ocho años los esquemas de protección de activos (EPA) y recapitalización de las tres entidades que quedan aún por subastar tras su intervención: Banco de Valencia, Catalunya Caixa y Novagalicia. A lo que se suman los EPA de CAM y Unnim, ahora en manos de Banco Sabadell y BBVA, respectivamente. Uno de los principales ejecutivos del sector que considera inevitable que la banca asuma toda o gran parte del coste de la reforma financiera es el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz. "El FGD tendrá que pagar la factura de la reestructuración. No somos entusiastas, pero lo hemos asumido", declaró el 26 de abril.
Creen que no será hasta dentro de unos dos años cuando comiencen a aflorar las pérdidas por morosidad de CAM y Unnim que tendrían que ser financiadas por el FGD. Lo mismo sucederá con las tres entidades que deben ahora pasar por este proceso de subasta. Pero antes hay que hacer frente a su recapitalización, operación que primero pasa por el FROB, pero más tarde es abonada por la banca a través del FGD.
En la actualidad el Fondo de Garantía cuenta con unos 2.800 millones de euros, de ahí que consideren que con las aportaciones de ocho años a través de un préstamo avalado con las cuotas anuales que paga cada entidad será suficiente para finalizar con el salvamento de estas firmas.
Este préstamo no saldrá de la cuenta de resultados de la banca, o eso esperan. La idea es que se financie con la liquidez que obtienen los bancos en el Banco Central Europeo (BCE) a través de las titulaciones o colaterales que colocan en el organismo que preside Mario Draghi.
Uno de los problemas de la financiación con el FGD es que Bruselas considera sus ayudas públicas, pero a diferencia de una recapitalización a través del FROB, no computa como déficit, la gran asignatura de España, sino como deuda.
Bruselas defiende que el FGD es una ayuda del Gobierno pese a que se financia con capital privado proveniente de la banca. La razón: es que está presidido por el Banco de España y es un real decreto de Economía el que regula las cuotas que paga el sector al Fondo.
Aprobación de las ayudas a CAM
Bruselas, mientras, está a punto de remitir a Banco Sabadell la aprobación de las ayudas solicitadas por la compra de CAM a principios de diciembre, según explican fuentes del Parlamento Europeo. La decisión de Europa llega con un retraso de mes y medio sobre el calendario previsto inicialmente por la entidad catalana.
La razón de este retraso está en el minucioso examen que está llevando a cabo Bruselas de la operación y su esquema de ayudas, novedoso en Europa, aunque muy empleado en Estados Unidos. La compra se llevó a cabo a través de un esquema de protección de ayudas (EPA). De esta forma, el FGD cubre las pérdidas que puedan aflorar en CAM durante los 10 próximos años en un 80%. El análisis servirá también de base para Unnim, caja catalana adjudicada a BBVA el mes pasado, y en el que también se empleó un EPA.
Eso sí, la aprobación europea a la operación de CAM pasa por la modificación de alguno de los planes presentados por Banco Sabadell.
El Parlamento Europeo ha decidido eliminar la segunda línea de liquidez que establecía el EPA al considerar que con la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo ya se hace innecesaria esta concesión extra para hacer frente a los vencimientos de deuda de CAM. En el caso de Unnim, BBVA no pidió esta protección.
El FROB inyectó 2.800 millones de euros en liquidez ante el sangrante deterioro de CAM y la exagerada fuga de depósitos.
Pero más importante que este recorte es la imposición que le ha hecho Bruselas para que amplíe el cierre de oficinas que tenía previsto llevar a cabo el grupo en CAM.
El plan de Sabadell presentado a Bruselas incluía el cierre de 300 de las 939 oficinas que tiene la entidad alicantina, pero la cifra será mayor.
El grupo, es decir, entre Sabadell y CAM, solo podrá tener en su principal zona de actuación: Valencia, Alicante y Murcia, el mismo número de sucursales que tenía la caja alicantina antes de su subasta. Con lo que el número de cierres subirá en esta zona.
Además, Sabadell no podrá realizar en unos años ninguna operación corporativa en la región valenciana. Esta decisión supone, de hecho, que el grupo financiero catalán no puede presentar oferta para pujar por Banco de Valencia. Y si se presenta a otras pujas en las que la entidad tiene fuerte presencia en esta región deberá proceder a un cierre considerable de agencias.
