Las entidades financieras que hasta ahora habían comunicado su interés por presentar ofertas por Banco de Valencia, Catalunya Caixa o incluso por Novagalicia se están planteando pedir un aplazamiento de estas operaciones, según han asegurado varias fuentes financieras consultadas. Al aumento de las provisiones que deben realizar para sanear sus activos inmobiliarios, incluidos los créditos sanos, habría que sumar también las que se realizarían por este concepto en las entidades nacionalizadas en caso de ser el adjudicatario, señala un alto directivo de un banco, quien defiende que no se pueden "cambiar las reglas de juego a mitad de la partida".
Otras fuentes añaden como un nuevo varapalo para participar en estas subastas el hecho de que tampoco se sabe qué nuevas necesidades de dotaciones pueden imponerse en los próximos meses los dos auditores externos -Roland Berger y Oliver Wyman- que van a examinar las carteras inmobiliarias del conjunto del sector. Todas las fuentes opinan que, dadas las circunstancias, es muy difícil que las subastas, sobre todo de Catalunya Caixa y de Novagalicia, salgan adelante en los próximos meses.
"Lo lógico es que estas subastas se retrasen como mínimo hasta que se aclaren otras operaciones corporativas que están ahora en ciernes", remarca otra fuente. La fecha que ahora marca el último decreto de la reforma financiera para presentar a Economía los nuevos planes de fusión finaliza el 30 de junio.
Varias fuentes apuntan a que el interés de BBVA y de Santander por presentar una oferta vinculante por cualquiera de las firmas nacionalizadas, a excepción de Bankia, se va desvaneciendo. En el caso de BBVA, ya se ha quedado con Unnim. Además, tanto el banco que preside Emilio Botín como el que preside Francisco González tienen muy complicado justificar ante los inversores internacionales que van a crecer en España con compras en un momento tan delicado de la economía nacional y de la banca, explica un experto financiero. Solo si al final el Gobierno cede y pide ayudas a Bruselas "podría tener sentido pujar", argumenta otro directivo de una entidad financiera. Aunque ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, volvió a reiterar que la banca no necesita ayudas europeas.
Ante este panorama, los bancos consultados aseguran que lo mejor es que estas entidades se mantengan nacionalizadas unos meses más. Y ponen como ejemplo Bankia, donde el Gobierno podría permanecer tres años antes de ser subastada. Y añaden que Europa vigila las ayudas a la banca, no la nacionalización de estas entidades.
El problema es que si el Estado se queda con Catalunya Caixa, Banco de Valencia y Novagalicia -si al final sale a subasta- será el FROB el que realizará los nuevos saneamientos, pero si los vende lo asumirá el Fondo de Garantía de Depósitos. Otro argumento para que el Gobierno pida ayudas a Europa, señala otra fuente.
Las interesadas
l La semana pasada el FROB inició la segunda ronda en la puja por Banco de Valencia. Santander, BBVA, BMN, Ibercaja y Unicaja realizaron ofertas no vinculantes. Catalunya Caixa está en el proceso de auditoría. Participan Santander, BBVA, Sabadell, Popular, Kutxabank y JC Flowers.
Criterios más exigentes de Bruselas
Bruselas ha impuesto duros ajustes de oficinas y criterios para pedir ayudas de liquidez en las entidades subastadas hasta ahora, como CAM y Unnim, como adelantó CincoDías los pasados 7 y 21 de mayo. Los bancos que han acudido a la subasta de entidades nacionalizadas o los que piensan hacerlo en el futuro se encontrarán con una limitación impuesta por Bruselas: el cierre de las oficinas que ganen en el territorio afectado. Así ha ocurrido con la compra de CAM por Sabadell. El banco catalán deberá desprenderse de 138 sucursales en la Comunidad Valenciana y Murcia y ocurrirá también con la compra de Unnim por BBVA, al que Bruselas obligará a cerrar un 62% más de lo previsto de su red en Cataluña. BBVA había anticipado el cierre de 300 agencias tras la absorción de Unnim, aunque ahora y según las nuevas exigencias de Bruselas, deberá clausurar al menos 487. El criterio europeo es que el grupo resultante de la fusión no cuente en la región afectada con más oficinas de las que tenía la entidad adquirida antes de la operación. Sabadell tenía en la Comunidad Valenciana 138 sucursales, frente a las 537 de CAM.
La CE ha impuesto otras dos condiciones, que en los próximos 10 años la firma que gane la subasta no podrá realizar en la región otra operación corporativa. La tercera condición es la renuncia a las facilidades de liquidez que Sabadell obtuvo del FROB cuando ganó la subasta de la CAM.
