El último diagnóstico que ha realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el sector financiero español supone refrendar las tesis que hasta ahora han mantenido los principales bancos del país, como su negativa a que sean las propias entidades las que financien la reestructuración o las quejas sobre la excesiva duración del proceso.
"El parto está siendo más largo de lo necesario", aseguraba hace unos días Miguel Martín, presidente de la AEB. La patronal bancaria, además, siempre ha defendido que las entidades más débiles deben desaparecer del sistema para que las que gozan de unos balances más saneados puedan resolver sus problemas y contribuir a la recuperación de la economía.
En su último informe, el FMI asegura que "una vez agotadas las opciones para una recapitalización privada puede ser necesario un mayor recurso a la financiación pública, con el fin de preservar la estabilidad financiera y evitar un excesivo apalancamiento".
Una opinión que comparte la AEB. "El FMI ha manifestado sus dudas sobre la capacidad del conjunto del sector para asumir el coste de la reestructuración. La indicación es lo suficientemente preocupante como para que las autoridades la evalúen y clarifiquen si el sector puede o no asumir este coste", afirmaba ayer un portavoz de la AEB.
Algo a lo que hasta ahora se ha opuesto el ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero, según la oposición, esta postura parece haber cambiado. La portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, atribuía ayer el informe del FMI sobre la situación de la banca española a una filtración del ministro de Economía, Luis de Guindos, para preparar el "camino" a fin de que Gobierno ayude a la banca con dinero público, en contra de lo que siempre ha dicho.
Algunos de los primeros espadas del sector aprovecharon ayer para incidir en la defensa de las líneas marcadas por el FMI. "Estoy completamente de acuerdo con el FMI", señaló el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz. Aseguró que es necesario culminar ya el proceso de saneamiento y reestructuración bancaria, aunque también reconocía que la solución que sigue sobre la mesa es que al final sean las propias entidades financieras las que tengan que asumir el coste del proceso -el Gobierno baraja pedir a los bancos adelantar las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de los próximos ocho o diez años-. "No somos entusiastas pero lo hemos asumido", señaló ayer al respecto.
Por su parte, el consejero delegado de Sabadell, Jaime Guardiola, advirtió también de los riesgos de que todo el peso económico de la reforma recaiga en el ámbito privado, una solución que a su juicio supondría un pesada losa y colocaría a las entidades españolas en una situación de desigualdad competitiva. Recordó, además, que en otros países europeos el saneamiento ha corrido a cargo de las arcas públicas.
Apoyo de Barclays al 'banco malo'
Es una de las demandas de las entidades, sobre todo de las que acumulan mayor carga de ladrillo como Bankia. Ahora el Gobierno contempla la creación de sociedades instrumentales en las que cada entidad aísle sus activos tóxicos. Esta misma semana, el secretario de Estado, Fernando Jiménez Latorre, ha recalcado que serán las propias entidades las que "deberán instrumentar este vehículo, con gestión independiente y capital tercero para la gestión y venta". Ayer, Barclays Capital señalaba en un informe que "la sugerencia del FMI de la posibilidad de crear empresas públicas o privadas especializadas de gestión de activos parece razonable". La firma considera que contribuiría a "aumentar la transparencia, limitaría las pérdidas futuras para el sistema y proporcionaría el capital necesario". Este instrumento, además, contribuiría a asegurar que estos activos fueran transferidos a valoraciones razonables, añade.
