Así figura en el cuaderno de venta que el banco de inversión Nomura ha repartido a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entre los posibles interesados en comprar la entidad, entre los que destacan Banco Mare Nostrum y Banco Popular.
El proceso de adjudicación del Banco de Valencia contempla un esquema de protección contra pérdidas futuras sobre una cartera de activos de 6.000 millones de euros, lo que supone el 27% del total de la cartera crediticia de la entidad.
Las primeras pérdidas que registre la entidad serán cubiertas por las provisiones constituidas por Banco de Valencia por importe aproximado de 1.000 millones de euros, por lo que dicho esquema de protección de activos (EPA) se constituye sobre 5.000 millones.
El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades financieras, cubrirá el 80% de las pérdidas sobre dicha cartera de 5.000 millones, lo que supone un total de 4.000 millones de euros.
Actualmente, el FGD cuenta con recursos de apenas 2.000 millones de euros, la mitad de lo que va a ser necesario para culminar el rescate del Banco de Valencia, por lo que el Banco de España y el Gobierno negocian a contrarreloj con la banca para incrementar su aportación.
El instituto emisor y el Ejecutivo mantienen negociaciones con la banca para encontrar una vía que permita engordar los recursos del FGD sin deteriorar en exceso su cuenta de resultados, que sufre las exigencias de capital y provisiones del Ejecutivo además del deterioro del negocio por la crisis económica.
Según fuentes financieras, las negociaciones entre autoridades y banca se centran en que las entidades financieras concedan un crédito al FGD correspondiente a las aportaciones anuales de ocho ejercicios, lo que podría traducirse en entre 16.000 y 20.000 millones de euros.
Esta fórmula permitiría evitar que las aportaciones de la banca al FGD supusieran un coste en su cuenta de resultados e impactaran negativamente sobre su beneficio, al tiempo que dotaría al fondo de recursos para afrontar el coste de la reestructuración sin coste para el contribuyente.
Las entidades interesadas en acudir a la subasta del Banco de Valencia deberán remitir al Banco de España sus ofertas no vinculantes antes del próximo 27 de abril una vez analizada la documentación repartida.
Si el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez da su visto bueno para que pasen a la segunda fase del proceso, contarán con un plazo aproximado de cuatro semanas para estudiar la documentación más detallada y presentar, en su caso, una oferta vinculante antes del 27 de mayo.
