El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 recibió en junio pasado una denuncia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, en la que se imputaba a la cúpula de la entidad valenciana los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
Tras recibir el expediente sancionador del Banco de España, el juez ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas en el proceso para que informen sobre el mismo.
En todo caso, para que el juez Pedraz llame a declarar como imputados a los antiguos responsables de la entidad la Audiencia de Valencia debe confirmar el auto de inhibición en favor de la Audiencia Nacional que dictó el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital valenciana, que fue recurrido por las defensas de los denunciados.
Este juzgado abrió unas diligencias tras recibir una querella presentada por un grupo de pequeños accionistas contra 27 responsables de la entidad, entre ellos Olivas, el exconsejero delegado Domingo Parra y otros miembros del Consejo de Administración.
La denuncia inicial del FROB, que podría ampliarse, fue presentada en la Audiencia Nacional el 5 de junio. El organismo solicitó una investigación independiente que culminó en un informe pericial en el que se señalaba que los administradores del Banco de Valencia habrían cometido actuaciones irregulares. EL
La Fiscalía Anticorrupción informó en junio pasado a favor de que la Audiencia Nacional asumiera la competencia para investigar la denuncia del FROB, al considerar que los hechos descritos tienen una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional", por lo que la competencia para investigarlos corresponde a este tribunal.
La querella ponía de manifiesto que en octubre de 2011 el Consejo de Administración de Banco de Valencia tuvo que ser sustituido por un administrador provisional nombrado por el FROB debido a la situación económica en que se encontraba la entidad. Esto dio lugar a la intervención del banco por parte del Banco de España el 21 de noviembre de 2011, que tuvo que inyectarle cerca de 2.000 millones de euros y otorgarle un aval de 1.500 millones de euros para pedir dinero al Banco Central Europeo (BCE) para evitar su quiebra.
"Los hechos descritos en la denuncia presentada, siendo que además es una empresa cotizada, suponen la afectación de la economía nacional, al verse afectado el propio sistema financiero, con incidencia en otras sociedades, también cotizadas", apuntaba el escrito del fiscal.
