El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción Nº 4, ha adoptado esta decisión después de que Anticorrupción informara a favor de la querella que UPyD presentó por estafa y otros delitos contra todos los exmiembros del consejo de administración de Bankia y su matriz, BFA, cuando la primera salió a Bolsa. Además, UPyD había solicitado como medida cautelar la intervención judicial de Bankia y BFA, que consistiría en sustituir a los actuales gestores de las entidades por un administrador que solo rendiría cuentas ante los tribunales.
La querella está interpuesta contra el expresidente de Bankia y aún presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, el actual consejero de la entidad, Francisco Verdú, y otros 31 exconsejeros de Bankia y BFA. Entre estos últimos figuran el expresidentes de Bancaja, José Luis Olivas, y otros exconsejeros vinculados con el Partido Popular, como José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes, Mercedes de la Merced, Ricardo Romero de Tejada, Jesús Pedroche, Agustín González o Estanislao Rodríguez Ponga. Otros de los afectados son exrepresentantes sindicales como Pedro Bedia y Francisco Baquero, de CC OO, o empresarios como Remigio Pellicer.
A todos ellos se les acusa presuntamente de delito de estafa, de apropiación indebida, administración fraudulenta o desleal y de un delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Delitos y penas
"Se denuncia, en primer lugar, la posible comisión de un delito de falsedad de las cuentas anuales y de los balances", señala el auto, que explica que el balance de la entidad ha pasado en "pocos días de unos beneficios declarados de 305 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros, lo que ha exigido una próxima e importante aportación de capital público para el saneamiento de su balance". Este delito está tipificado con una pena de cárcel de entre uno a tres años y multa de seis a doce meses.
En segundo lugar, el auto ve indicios de hechos como presuntamente constitutivos de delito de administración desleal o fraudulenta, tipicado con pena de prisión de seis a cuatro años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.
El tercero de los delitos denunciados es el de maquinación para alterar el precio de las cosas, con penas de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses. El cuarto se refiere a apropiación indebida y apropiación desleal en relación a las prejubilaciones y blindajes cobrados por los citados consejeros.
Ordóñez y Segura acudirán a declarar
El juez cita a todas las partes personadas en la causa para el próximo día 23 de julio, a las 10 horas de la mañana. Los imputados no tendrán que asistir a esta cifra si han depositado previamente la fianza, fijada en 20.000 euros. Como testigos cita a declarar al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el presidente de la CNMV, Julio Segura, el socio de la auditora Deloitte, Francisco Celma, y el representante legal del FROB.
En el auto se requiere alguna documentación, entre la que destacan los datos sobre las retribuciones percibidas por la cúpula de la entidad y las aportaciones a los planes de pensiones. También se pide información sobre la salida a Bolsa de Bankia o el plan de recapitalización diseñado por Rodrigo Rato antes de abandonar la entidad, así como las copias de las actas de la reuniones del consejo celebradas desde el 3 de diciembre hasta la actualidad y copia de las actas e informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB.
Rato presentó su renuncia a la presidencia de Bankia el pasado 7 de mayo, tras las presiones recibidas por Economía y después de ser rechazado su plan de recapitalización. Dos días después, Bankia fue nacionalizada.
El actual equipo gestor de Bankia, encabezado por José Ignacio Goirigolzarri, ha solicitado ayudas públicas por cerca de 23.500 millones de euros para reflotar el grupo financiero. Esta inyección de dinero procederá de la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros concedida por Bruselas a España para el rescate bancario.
El citado auto se podrá recurrir por los imputados en un plazo máximo de tres días.
