Enero ya ha mostrado signos positivos. España está saliendo de una crisis que ha durado cinco años y que se ha llevado por delante más de 40 entidades financieras, ha situado el nivel de empleo del sector a niveles de hace 35 años y el crédito ha experimentado la mayor caída en 50 años (desde que existen estadísticas).
Y eso, sin hablar de que al final ha necesitado más de 40.000 millones de euros en ayudas públicas europeas, asistencia directa e ininterrumpida del Banco Central Europeo (BCE) para obtener liquidez incluso para la gran banca, inicialmente reacia a pasar por las urgencias del BCE.
Otra consecuencia de esta crisis es la que ha sufrido y seguirá sufriendo el cliente, que al final no tiene la culpa de lo que ha sucedido, pero también tiene que pagar parte de los platos rotos.
Nadie duda de que las comisiones mantendrán su ascenso, el crédito seguirá durante mucho tiempo siendo escaso y caro, mientras que los depósitos nunca recuperarán las remuneraciones que percibieron en el pasado (aunque el pasado sea hace solo dos meses).
Y por si esto fuera poco habrá que recorrer (ya ha empezado) un largo camino para conseguir un cajero de tu banco para sacar dinero.
El contribuyente será, como ha reiterado en varias ocasiones el comisario de Competencia europeo, Joaquín Almunia, el que pagará la factura del descalabro de los bancos nacionalizados. 52.000 millones de euros, según las cifras facilitadas por Almunia a finales de diciembre.
Además, queda aún por resolver cómo se devolverá el dinero a esos pequeños ahorradores que un día invirtieron en participaciones preferentes y deuda subordinada porque su banco de toda la vida le dijo que era una buena inversión.
El Gobierno tiene sobre la mesa que sea el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se alimenta de las aportaciones de toda la banca, el que aporte la solución final a las preferentes. Pretende que el banco canjee estos híbridos por acciones con una importante quita, como fijó Bruselas, y que sea el Fondo de Garantía de Depósitos el que adquiera estas acciones a sus dueños, los titulares de preferentes. De esta forma, los clientes de preferentes podrían recibir dinero en vez de un título en forma de acción que seguiría siendo ilíquido para él.
No hay que olvidar que una de las condiciones impuestas por Bruselas para autorizar ayudas europeas por valor de 100.000 millones de euros fue, precisamente, que los bonistas de preferentes y subordinadas asumieran también parte de las pérdidas de la entidad nacionalizada.
Esta solución fue propuesta a los primeros espadas de los bancos por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, el pasado mes de diciembre. El proyecto está ahí, y ha sido consultado con la troika que en estos días visita España.
La banca sana, que sería al final quien pagaría el desaguisado, no está dispuesta a asumir nuevos costes. Y bien claro lo dijo el presidente de Santander, Emilio Botín, el que la hace la paga, y la entidad que haya comercializado preferentes de forma fraudulenta que sea ella la que solucione su problema, vino a decir. "No es la misión del FGD", concluyó el banquero.
Su opinión coincide con la del resto de sus homólogos.
Lo mismo ocurre con los posibles cambios que se puedan hacer en la Ley Hipotecaria. Estos solo deben ser "transitorios y temporales", apuntó el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz, y coincidió con la opinión de Popular y de otros bancos.
Pese a que los banqueros parece que se han puesto de acuerdo ahora para alabar las reformas del Gobierno, tampoco escatimaron en mandar mensajes. Así, al del FGD y la Ley Hipotecaria, los directivos de las principales entidades pidieron también que no se retrase más la subasta de CatalunyaBanc, ni las que le puedan seguir.
Por cierto, Santander y BBVA están muy interesados en hacerse con la entidad catalana.
Pero la sombra de una crisis del Gobierno justo cuando la economía de España comenzaba a dar signos de cierta recuperación en algunos indicadores vuelve a empañar las previsiones. Las declaraciones de los banqueros no dejan lugar a dudas. Piden "soluciones rápidas" ante la corrupción. Los incipientes signos de recuperación y atracción de los inversores internacionales por España pueden desaparecer en un suspiro.
Por cierto, coincidiendo con la visita de la troika a España Banco Popular y BMN han estrenado consejero delegado, cargo que no estaba incluido en su organigrama. El único banco que queda sin esta figura es ahora Liberbank. Manuel Menéndez acapara los dos cargos.
