La mala relación de las agencias de calificación de riesgos con el Reino de España comenzó hace ya tres años. Corría el 19 de enero de 2009. Aquel fue el día elegido por Standard & Poor's para anunciar su decisión de retirar la AAA al Reino de España, la nota que da acceso al club más exclusivo. La agencia cumplió su amenaza apenas una semana después de anunciarla, un tiempo en el que la prima de riesgo comenzó una escalada que, con la perspectiva actual, parece benévola: entonces se superaron los 100 puntos básicos. El 19 de mayo de ese mismo verano, Moody's situaba en perspectiva negativa a 36 bancos españoles. Esta decisión se producía, en cambio, en un momento más plácido para la deuda española, con la prima española en apenas 60 puntos básicos.
Esta relativa placidez no se repetiría más. Standard & Poor's todavía bajaría otro escalón la nota soberana de España antes de que Fitch o Moody's retiraran la triple A. Ocurriría en 28 de abril de 2010, en medio de una escalada del diferencial del bono a 10 años con respecto al bund alemán, que -gracias a su ayuda y a las dudas sobre España- pasaría de 91,1 puntos básicos el 23 de abril hasta 164 el 7 de mayo. La noticia de la rebaja llegaba apenas 24 horas después de que la propia S&P hiciese lo propio con la nota de Portugal. En el caso español, las razones para esta medida eran el endeudamiento del sector privado español, entonces del 178% de su PIB; un mercado laboral "inflexible", la expectativa de que la tasa de paro alcance este año el 21%, la poca capacidad exportadora y las escasas previsiones de crecimiento. Datos todos ellos que no han dejado de agravarse.
Apenas un mes después, el 28 de mayo, Fitch se convertía en la segunda agencia en retirar la AAA. En su nota, basaba su decisión motivada en que el ritmo de la recuperación económica sería "más lento" que lo previsto por el Gobierno a causa de las medidas de austeridad (actualmente, nuestra economía está en recesión). Fitch no eligió buen momento para este anuncio. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acababa de presentar su plan de austeridad. Su anuncio había azuzado la prima de riesgo y está escalaba y escalaba hasta pasar de 153 puntos básicos ese día 28 hasta 200,9 el 8 de junio.
No concluiría el año sin que hubiese más rebajas de calificaciones. El 30 de septiembre Moody's seguía a las otras dos agencias y le retiraba la AAA a España por razones parecidas a las de Fitch el 28 de mayo: las escasas perspectivas de crecimiento de la economía. Una vez más, esta rebaja se producía en un momento peliagudo: apenas un día antes, este mismo periódico publicaba una notica con el titular que resume la situación: La tensión en el mercado de deuda se acerca al nivel más alto de la crisis. Tanto es así, que el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, tuvo que intervenir para tratar de tranquilizar los ánimos de los inversores asegurando que los argumentos esgrimidos por la agencia eran "demasiado pesimistas".
Ya en 2011, la primera rebaja del año corrió a cargo de Moody's (por aquel entonces la calificación ya estaba en Aa2), si bien la prima de riesgo atravesaba un momento plácido. No fue este el caso durante el verano: los meses más calientes del año tuvieron su réplica en los mercados de deuda, meses en que la prima de riesgo alcanzó cotas inéditas hasta entonces, tocando un máximo el 4 de agosto (cimas que, por cierto, se han pulverizado una y otra vez). Moody's azuzó los mercados con una actividad frenética entre julio y agosto: rebajó a bono basura la calificación de Portugal e Irlanda (además de la de BFA, matriz de Bankia), llevó la de Grecia hasta el penúltimo grado, atacó la solvencia de la banca española. Y todo ello, sin olvidar un hecho histórico: el 6 de agosto, S&P causaba un terremoto al decidir retirar a EE UU la preciada AAA. Tanta fue su actividad (y tan negativa para los intereses de la zona euro y los de España), que la Unión Europea acusó a las agencias de calificación de alentar la especulación y desestabilizar la zona euro. Berlín, incluso, pidió medidas para limitar el poder del oligopolio formado por Standard & Poor's, Moody's y Fitch. El Tesoro español, por su parte respondió a la rebaja de rating de España con una carta en la que aseguraba que "los argumentos externos que apoyan esta revisión dependen excesivamente de la evolución del mercado a corto plazo".
Con todo, el verano no fue tan tórrido como el siguiente mes de noviembre. La incapacidad de Europa por cerrar el rescate de Grecia, el contagio a Italia y las indelebles dudas acerca de la solvencia española hicieron que el riesgo país comenzase el 7 de octubre una escalada que contó con combustible adicional: las agencias de rating, que actuaron tan coordinadas como una legión romana. El 8 de octubre, Fitch anunciaba su decisión de rebajar la calificación española en dos escalones hasta AA-, además de la de Italia. En su opinión, la intensificación de la crisis soberana de la zona euro afecta especialmente a España por su alto nivel de endeudamiento externo neto y la fragilidad de su recuperación económica. El día 14, los riesgos de recesión y los problemas de la banca llevaban a Standard & Poor's a seguir sus pasos y anunciaba que degradaba la calificación hasta AA- con perspectiva negativa. El 18, finalmente, era el turno de Moody's, que también había puesto en perspectiva negativa la calificación española tres meses antes y rebajaba la calificación dos escalones, de Aa2 hasta A1. "España sigue siendo vulnerable a la tensión de los mercados y al riesgo de acontecimientos (en materia de deuda soberana)", argumentaba. Y así, ayudada por todos, la prima pasó de 290,6 puntos básicos a 468 el 22 de noviembre.
En lo que llevamos de año, cada una de las tres principales agencias de calificación han llevado a cabo dos rebajas de calificaciones: el 13 de enero y el 26 de abril Standard & Poor's; el 13 de febrero y el 13 de junio Moody's; y el 27 de enero y el 7 de junio Fitch, que la hundió tres escalones de golpe. Y eso, sin contar las rebajas masivas a la banca, como la que se produjo ayer o el 17 de mayo por parte de Moody's o la del 11 de abril por parte de S&P o la del 12 de junio por Fitch. Excepto las que se produjeron a principios de año, todas ellas se han producido en momentos de extrema tensión en los mercados, sobre todo desde que a mediados de marzo el BCE dejase de ayudar a aliviar a la deuda española con compras de bonos. No es el caso actualmente. Todas las últimas apariciones de las agencias han alimentado las llamas que cuecen a fuego lento al Tesoro español y al rescatado sector financiero.
