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Asociación de usuarios

Adicae denuncia a ocho entidades por la venta de preferentes

La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (Adicae) anunció ayer que ha iniciado una demanda judicial contra ocho grandes entidades por "irregularidades" en la comercialización a minoristas de participaciones preferentes. Las entidades demandadas son Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell, Banca Cívica, Catalunya Caixa, Novagalicia y CAM, absorbida por Sabadell.

Actualmente hay en vigor unos 17.400 millones de euros en circulación de emisiones de preferentes realizadas por entidades financieras, ya que también las empresas no financieras han hecho emisiones de preferentes. La mayoría de las entidades están realizando programas de recompra de estas preferentes, porque no computan como capital de máxima calidad.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, cargó las tintas contra la operación de canje de La Caixa, que ha consistido en una sustitución por un combinado de un 70% en obligaciones subordinadas con una rentabilidad del 4% y del 30% en obligaciones convertibles en acciones. "Se ha forzado a los inversores a un canje abusivo", afirmó Pardos. Adicae calcula que el canje representa unas pérdidas implícitas del 30% para los tenedores de preferentes.

El problema de las preferentes es que se han vendido masivamente en la red de oficinas como si fueran una imposición a plazo fijo, con el gancho de una rentabilidad en ocasiones muy atractiva. La contrapartida es que esa remuneración es variable y generalmente está referida a los vaivenes del euríbor a distintos plazos. Además, el pago del cupón está condicionado a que las entidades obtengan beneficios "suficientes". Por último, se trata de emisiones de carácter perpetuo, el emisor no está obligado a amortizarlas y no tienen liquidez; todo un problema para el inversor que quiera recuperar con rapidez con el dinero.

Un millón de familias

Adicae asegura que la comercialización de preferentes entre particulares constituye el caso más grave conocido de "fraude al ahorro" familiar. La organización considera que hay un millón de familias afectadas y 30.000 millones de euros de inversión en peligro.

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